Como bien es sabido, uno
de los problemas más visibles de la Justicia en España es su lentitud. Es
habitual ver cómo se señalan juicios que
tendrán lugar en uno, dos, o incluso en tres años.
Hay justiciables que
llevan años esperando que los tribunales resuelvan su caso sobre incapacidad
permanente. Familias que se están divorciando con hijos menores de por medio y
que tienen pensiones de alimentos que resolver. También trabajadores despedidos
que ven sus impugnaciones durante años paralizadas.
Y todo esto afecta, de una manera u otra, al trabajo de los
abogados donde la frase más repetida es: «¿Cómo va lo mío?
Para Enrique Sainz, abogado de Fuster-Fabra, controlar los plazos en el mundo del
Derecho es, desgraciadamente, «algo que se escapa al conocimiento y sapiencia
de los abogados». Por lo que destaca la importancia de explicarle al cliente la
situación en la que se encuentra la Justicia y «no venderle la moto» diciéndole
que su caso se resolverá en pocos meses.
Ya que, si eso no se
cumple, «tendrá todo el derecho del mundo a pedirnos explicaciones». No
obstante, reconoce que, pese a haber sido sinceros, muchas veces culpan a los abogados de esa esa lentitud.
Retrasos que «no son culpa
de los letrados, sino de los pocos medios con los que cuenta la Justicia o de
juzgados poco diligentes que, por desgracia, alguno hay», matiza.
BRONCAS, CAMBIO DE ABOGADO, HACERLES CULPABLES…
Todo ello provoca que, a menudo, el cliente reclame una explicación a dicha dilación, llegando a culpar muchas veces al letrado de que su procedimiento se esté retrasando.
Sainz reconoce que son habituales las broncas, insultos o descalificaciones que reciben por
parte de los clientes por no hacer nada para evitar el retraso. También,
cambios de abogado bajo la premisa de que otro letrado va a hacer que el
proceso sea más rápido.
Al igual que reciben
constantes llamadas, correos o mensajes de voz incluso a horas intempestivas.
Les reclaman que muevan Roma con Santiago para agilizar el procedimiento. Otro
habitual es «culpar al abogado de que todo lo hace mal ya que la otra parte
está consiguiendo retrasar el procedimiento, que es lo quería».
Para Ana I. Rodríguez, letrada de Ana I. Rodríguez Abogados, la
lentitud de la Justicia, de
los juzgados y de los trámites es «es algo endémico, rancio e
imposible de superar». Algo que afecta no sólo a los clientes, sino también a
ellos mismos en su desarrollo profesional y económico.
Y lo más importante, les
afecta en la relación de confianza que debe existir con
el cliente. «Meses, muchos meses hasta que se admite a trámite una
demanda, lo que conlleva que el cliente llame sistemáticamente, y casi a
diario, con la típica pregunta de “¿cómo va lo mío?».
Una situación que le ha
hecho tener que justificar cuándo ha presentado la demanda ante la incredulidad
del cliente de que «su asunto» tarde tanto en despacharse. «Piden el registro
de presentación de la demanda o escrito en cuestión».
PEDIR EL TELÉFONO DEL JUZGADO O DEL JUEZ
Y aunque reconoce que no
suele ser habitual, explica que esa incredulidad genera un aspecto negativo para el abogado al tener que justificarse ante
un cliente, lo que quiebra la confianza.
Rodríguez comenta que incluso le han llegado a pedir el teléfono del juzgado o del juez. «Creen que llamando
ellos su asunto avanzará más rápido, lo que, evidentemente no deja de tener un
poso de desconfianza hacia la gestión del abogado».
Otra de las consecuencias
de la lentitud de la justicia es «condicionar el pago de los
honorarios a
la admisión a trámite de la demanda o al dictado de la sentencia». Aunque, en
su caso, no acepta esas condiciones dado que el trabajo se minuta y se cobra en
función de lo pactado en la correspondiente Hoja de Encargo Profesional.
Incluso detalla que
algunos clientes preguntan antes por el tiempo que va a tardar su caso en
resolverse que los honorarios. «Y algunos han decidido no litigar al
explicarle la previsión del tiempo«. Por lo que Rodríguez aconseja decir la
verdad sobre los tiempos.
Lo que no aconseja, bajo ningún concepto, es mentir y confundirle, ya que aunque
haya publicidad de «divorcios exprés» dónde prometen gestiones rápidas, eso «no
existe». A su modo de ver, es publicidad engañosa.
«SOMOS LA DIANA CONTRA LA QUE CARGAR»
Por su parte, José Antonio Sires, penalista de Sires Abogados, cuenta que la cuestión de ¿cómo
va lo mío? le
da pánico no sólo porque el cliente
lo pregunte, sino porque no se le puede responder de forma cierta al no ser una
respuesta que esté a su alcance.
«Ciertamente, cuando la lentitud de la Justicia afecta a los
intereses del cliente, éste suele reaccionar transmitiendo su frustración al único interlocutor posible: su abogado. De alguna
forma, somos la
diana contra la que cargar la repercusión
de esa lentitud y los perjuicios que le está ocasionando del endémico
funcionamiento de la Justicia”.
Por lo que, al igual que
sus compañeros, destaca la importancia de mantener al cliente informado de cada avance
procesal que se produzca en su caso. «Si el cliente te tiene que llamar para
preguntar, lo estás haciendo mal».
Vinculado a lo anterior,
al igual que su compañera, comenta que ese retraso afecta a la demora en el cobro de sus honorarios. Como ejemplo, el
abogado ha puesto un caso de impugnación de paternidad donde el procedimiento
se inició en 2019.
«Tras diversas
suspensiones por la pandemia mundial, dos huelgas padecidas en Justicia y el
sistemático retraso en la agenda de señalamiento del juzgado que conoció el
asunto, el caso se ha fijado para octubre de 2025».
Un retraso de 5 años que
generó una situación tensa que afectó a
su relación con el cliente y que generó mucha frustración. «Finalmente decidió, movido por
la idea de que sabes cuándo empieza pero no cuando acaban renunciar a seguir
con el procedimiento judicial, lo que supone una verdadera limitación de la
tutela judicial efectiva».
Por: Blanca Valdés. Confilegal
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