Desde el 2020, se han reportado más de 700 homicidios y un alarmante aumento del 328% en los casos de desaparición forzada, lo que refleja un panorama de violencia que ha generado preocupación en la comunidad. Los municipios más afectados por estos delitos son Rionegro, Marinilla y La Ceja.
En cuanto a la desaparición forzada, se destaca que Rionegro concentra el mayor número de casos, seguido por Guarne, Marinilla, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Peñol, San Vicente y San Carlos. En lo que respecta al desplazamiento forzado, se han registrado más de 1.500 casos en el cuatrienio, sumándose a los más de 354.000 ocurridos en décadas anteriores.
La extorsión también ha venido en aumento, con un total de 532 denuncias en los últimos cuatro años, afectando a comunidades enteras. Por su parte, los hurtos, incluyendo dinero, celulares, vehículos y otros objetos, han alcanzado la preocupante cifra de 14.923 denuncias entre 2020 y 2023.
Expertos en el conflicto armado y la Mesa de Derechos Humanos señalan que este incremento de la violencia y los delitos se debe al fortalecimiento de estructuras criminales locales, así como a la llegada de grupos provenientes del Valle de Aburrá, como los Pachelly, el Clan del Golfo y el Clan Isaza, entre otros. Estas organizaciones han generado enfrentamientos con grupos locales como Los Alto y Los Pamplona.
Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia ha anunciado medidas de seguridad que incluyen un fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en la subregión, con más presencia de la Policía y el Ejército. Recientemente, se ha inaugurado el cerramiento del Batallón Energético y Vial en San Carlos, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona y proteger a los municipios cercanos.
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