Más de 953.300 personas fueron impactadas por el conflicto armado en Colombia durante los primeros cuatro meses de 2025, según el más reciente informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). La cifra representa un alarmante incremento de cuatro veces frente al mismo periodo del año anterior y equivale a 7.900 personas afectadas cada día y más de 238.000 cada mes.
El impacto humanitario se concentró principalmente en los departamentos del Pacífico, la Orinoquía-Amazonía y el norte del país, donde se han recrudecido fenómenos como desplazamientos masivos, confinamientos y severas restricciones a la movilidad. En total, al menos 12 departamentos enfrentaron estos flagelos durante el periodo analizado.
Uno de los datos más preocupantes es el aumento del confinamiento de comunidades: más de 75.000 personas vivieron esta situación entre enero y abril, lo que supone un aumento del 59% respecto al mismo lapso en 2024. Solo en marzo, más de 26.000 personas fueron afectadas por toques de queda, paros armados y enfrentamientos armados que paralizaron la vida cotidiana en varias zonas del país.
Casos como el de Putumayo, Amazonas y Caquetá, donde unas 7.300 personas quedaron atrapadas tras la imposición de un cierre fluvial en el río Caquetá por parte de un grupo armado, reflejan el nivel de control territorial que ostentan los actores armados ilegales. En Córdoba, más de 8.000 personas vieron restringida su movilidad por temor a enfrentamientos tras un operativo militar, situación que afectó gravemente el acceso a servicios básicos y la continuidad educativa, sobre todo para niños, niñas y adolescentes.
La violencia directa contra la población civil también se intensificó. El informe de OCHA reportó un aumento del 112% en ataques, que incluyeron amenazas, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. Además, el uso de artefactos explosivos —minas antipersonal, trampas explosivas y drones armados— se incrementó en un 98%. Los departamentos de Cauca y Norte de Santander fueron los más afectados por este tipo de armamento, siendo el Cauca el escenario del 24% de los eventos relacionados con explosivos, lo que dejó comunidades enteras atrapadas bajo el miedo y la violencia.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, sigue siendo epicentro de una grave crisis humanitaria: al menos 58.500 personas fueron desplazadas masivamente entre enero y abril. En total, 87.400 personas han sido afectadas por diversas emergencias en lo que va de 2025, a raíz de enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales (GANE) y la Fuerza Pública. Esta situación ha provocado una drástica reducción en el acceso a servicios esenciales como salud, educación y alimentación.
A pesar de la magnitud de la crisis, el informe advierte sobre una respuesta institucional insuficiente. Solo el 14% de las emergencias reportadas recibieron algún tipo de atención humanitaria efectiva, mientras que el 86% restante presentó vacíos significativos, especialmente en zonas rurales con fuerte presencia de actores armados.
El informe de OCHA refleja el deterioro progresivo de la situación humanitaria en Colombia y subraya la necesidad urgente de reforzar la capacidad de respuesta del Estado, proteger a las comunidades más vulnerables y avanzar en la implementación de soluciones sostenibles frente a un conflicto que, lejos de menguar, se ha intensificado en vastas regiones del país.
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