Tribunal Administrativo de N. de S. admite demanda de pérdida de investidura contra once concejales de Cúcuta por presunta indebida destinación de recursos públicos
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander decidió admitir una demanda de pérdida de investidura contra once concejales de Cúcuta, quienes deberán responder por la presunta indebida destinación de recursos públicos al aprobar el Acuerdo Municipal 020 de 2025, mediante el cual se reestructuró la Personería Municipal.
La acción judicial fue presentada por el ciudadano William
Augusto Jácome Urrea, quien asegura que los corporados avalaron un proyecto que
contemplaba el pago de indemnizaciones con ingresos corrientes de libre
destinación, pese a que —según el marco legal vigente— este tipo de recursos no
puede ser utilizado para cubrir obligaciones extraordinarias, como las
derivadas de una reestructuración administrativa.
Según la demanda, los concejales habrían comprometido
al municipio en gastos sin respaldo en una fuente de financiación permitida por
la ley, lo que configuraría una causal grave que atenta contra el correcto uso
de los recursos públicos y el respeto por el ordenamiento presupuestal.
Los concejales señalados
Entre los corporados incluidos en la acción de
pérdida de investidura están:
- Víctor
Guillermo Caicedo Pinzón
- Albert
Lufrandy Casadiegos
- Edison
Ernesto Contreras Rodríguez
- Jair
Antonio Díaz Ardila
- Guillermo
León Báez
- Sergio
David Matamoros Rueda
- Álvaro
Andrés Raad Forero
- Carlos
Alberto Dueñas Yaruro
- Carlos
Luis Chacón Contreras
- Jhon
Jairo Villamizar Mora
- Jefferson
Castellanos Silva
Todos fueron elegidos para el periodo
constitucional 2024–2027.
El avance del proceso
En el auto de admisión, el Tribunal determinó que
la demanda cumplía con los requisitos legales y ordenó notificar personalmente
a cada uno de los demandados para que, en un plazo de cinco días,
respondan a las acusaciones y alleguen el material probatorio que consideren
pertinente.
Adicionalmente, se solicitó a la Organización
Electoral la certificación oficial de sus credenciales. Cumplido el trámite de
traslado, el despacho procederá al análisis de fondo y a la valoración de las
pruebas.
Si la pérdida de investidura es declarada
procedente, los concejales perderán automáticamente su curul y quedarán inhabilitados
para ejercer cargos de elección popular, de acuerdo con lo establecido por la Ley
1881 de 2018, una de las sanciones más severas del ordenamiento jurídico
colombiano.
EDITORIAL
| Cúcuta no puede seguir arrodillada ante la politiquería
El caso que hoy examina el Tribunal no es un simple
trámite jurídico. Es un espejo que refleja lo más incómodo de nuestra cultura política:
la facilidad con la que ciertos sectores del poder local tratan los recursos
públicos como si fueran un botín para complacer intereses, cuotas o compromisos
partidistas.
Lo ocurrido con el Acuerdo 020 de 2025 revela, una
vez más, que hay decisiones que no se toman pensando en la ciudad, sino en las
conveniencias de quienes se acostumbraron a gobernar sin controles y sin
responsabilidad.
Usar recursos de libre destinación para obligaciones extraordinarias no es un
error técnico: es una señal de desprecio por las reglas fiscales y por la
ciudadanía que con su trabajo sostiene el presupuesto municipal.
Este proceso debe ser un llamado a la cordura y a
la decencia. A los concejales, para que entiendan de una vez por todas que sus
actos tienen consecuencias. Y a los ciudadanos, para que dejemos de normalizar
lo inaceptable.
¿Cuándo entenderán que el erario no es una piñata para repartir favores?
¿Cuándo aprenderemos, como sociedad, que vigilar es un deber y perdonar excesos
es permitir que se repitan?
Cúcuta merece una clase política seria,
transparente y técnica.
No más libretos viejos. No más cálculos
clientelistas.
La ciudad no puede seguir pagando el precio de
decisiones tomadas para complacer a la misma clase política amañada de siempre.
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