Apenas dos semanas atrás, el exfiscal general Eduardo Montealegre se refería con vehemencia al Gobierno de Gustavo Petro como “una bancarrota moral”, en un mensaje que se viralizó tras ser revelado por W Radio. La razón: la elección del abogado Héctor Carvajal —exdefensor del presidente Petro— como magistrado de la Corte Constitucional. “Eligieron a un bandido. ¡Resistencia moral! No hay otro camino ante la arrogancia, Dr. Petro. ¡No más corrupción! ¡Basta ya Petro!”, sentenció entonces Montealegre.
Hoy, contra todo pronóstico, el jurista de 67 años será oficialmente nombrado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Ángela María Buitrago, quien renunció recientemente denunciando presiones indebidas para realizar nombramientos en la cartera.
La llegada del exfiscal no fue una jugada calculada desde el comienzo. Según fuentes de Casa de Nariño, el presidente Petro buscaba cumplir con la ley de paridad de género al mantener a una mujer en el cargo. De hecho, sonaba con fuerza el nombre del actual ministro encargado, Augusto Ocampo, también secretario jurídico de la Presidencia. Pero la coyuntura de la consulta popular por decreto —el controvertido “decretazo”— cambió el rumbo de los planes.
En medio del escenario jurídico, Montealegre se convirtió en asesor clave del Ejecutivo en esa estrategia legal, inicialmente bajo una figura “ad honorem”, como aseguró el embajador en la FAO, Armando Benedetti. Sin embargo, no todo ha sido voluntario: Montealegre ha sido un contratista recurrente del Estado en el actual Gobierno.
Uno de los contratos más visibles es con RTVC, el sistema de medios públicos, por $40 millones, para llevar una denuncia por injuria contra la senadora María Fernanda Cabal interpuesta por el gerente de la entidad, Hollman Morris. En 2023 y 2024, el jurista firmó otros dos convenios con RTVC por un total de $325 millones, destinados a asesoría jurídica en temas constitucionales y administrativos. También tiene contratos con la aseguradora estatal Positiva por $480 millones, según denunció el concejal bogotano Daniel Briceño.
Uno de los episodios más controvertidos se presentó en febrero de este año, cuando Hollman Morris denunció un presunto hackeo a su cuenta de X (antes Twitter). Contrató a Montealegre por $19 millones para presentar una denuncia ante la Fiscalía. No obstante, las investigaciones revelaron que el acceso no autorizado fue resultado de un error del propio funcionario, quien habría entregado su contraseña tras caer en un correo malicioso. Así lo reconoció el mismo Montealegre en documentos oficiales.
Un perfil con historia
Eduardo Montealegre es abogado penalista con estudios en derecho constitucional en Alemania. Ha sido viceprocurador, magistrado de la Corte Constitucional (2001-2004) y fiscal general de la Nación (2012-2016). Su trayectoria ha estado marcada por decisiones de alto impacto político y jurídico.
En la Corte Constitucional fue protagonista de sentencias clave, como la que tumbó el estatuto antiterrorista del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la que definió que cada pregunta de un referendo debía cumplir individualmente con el umbral, lo que frustró parcialmente el referendo de 2003 promovido por el entonces mandatario.
Paradójicamente, en 2009 recibió poder de Uribe para demandar al presidente venezolano Hugo Chávez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque años después volverían a distanciarse.
Entre el pragmatismo y la contradicción
El nombramiento de Montealegre como ministro de Justicia evidencia una de las tantas paradojas del Gobierno Petro. Del rechazo público a convertirse en pieza clave del Ejecutivo, el exfiscal vuelve al centro del poder con una mochila cargada de contratos estatales, críticas del pasado reciente y una trayectoria judicial que lo hace figura controversial pero influyente.
En medio de la crisis institucional por la fallida reforma a la justicia y las tensiones con las altas cortes, su papel como nuevo jefe de esa cartera promete ser, por lo menos, turbulento. Queda la pregunta en el aire: ¿será Montealegre el operador jurídico que necesita el presidente para sortear la tormenta política, o se convertirá en una nueva fuente de ruido dentro del gabinete?
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