Lejos de generar consensos, la reacción institucional ha profundizado las divisiones. La convocatoria del presidente Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, para conformar la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral fue rechazada por varios precandidatos presidenciales y por un grupo significativo de partidos de oposición e independientes, quienes consideran que no existen garantías por parte del actual Gobierno para el desarrollo transparente de las elecciones presidenciales de 2026.
A través de un comunicado conjunto, las colectividades del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Movimiento Mira, la Alianza Social Independiente (ASI), Colombia Justa Libres y la Liga de Gobernantes Anticorrupción se dirigieron al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, instándolo a activar y liderar la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral. Según manifestaron, dicha instancia es la única que puede brindar "la transparencia y seguridad que los partidos de oposición e independientes exigimos frente a la hostilidad del Ejecutivo".
El presidente del Partido de la U, Alexander Vega, fue enfático en rechazar el rol del ministro del Interior como garante electoral. “A partir de este momento, no reconocemos garantías en el Gobierno ni reconocemos al señor ministro del Interior para que presida esa comisión. Vamos a acudir al procurador general para que active la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral, donde sí acudiremos y donde el ministro no actuará como presidente, sino como sujeto al cual se le convocará para exhibirle cuatro puntos”, declaró.
Uno de los temas centrales de ese pliego de exigencias es el control del Plan Democracia. Los partidos demandan que sea la Policía Nacional y no la Unidad Nacional de Protección (UNP) la entidad encargada de su ejecución, en vista de las fallas detectadas recientemente en el esquema de seguridad de Uribe Turbay.
“El presidente Petro, ajeno a esta realidad, insiste en una radicalización que nos ha llevado al borde del abismo. Su gestión, en lugar de promover consensos, se aferra a la confrontación, ignorando el clamor de un país que exige un liderazgo responsable y soluciones efectivas”, señala el documento suscrito por las colectividades.
El bloque opositor subraya que el punto de quiebre que los llevó a esta decisión fue el atentado contra el senador Uribe y la falta de garantías institucionales por parte del Gobierno. Por ello, insisten en que debe ser la Procuraduría General la que asuma el liderazgo en materia de garantías electorales, excluyendo al Ejecutivo de dicho rol.
El país, en medio del estupor por la violencia política, enfrenta ahora un escenario de mayor polarización y desconfianza institucional, mientras se aproxima un nuevo ciclo electoral que exige, más que nunca, legitimidad y transparencia.
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