MOE advierte posibles riesgos de trashumancia electoral en el proceso de inscripción de cédulas para elecciones de 2026


La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alertas sobre posibles irregularidades en el proceso de inscripción de cédulas con miras a las elecciones de 2026. En su más reciente informe, que cubre el periodo comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de junio de este año, la organización identificó comportamientos atípicos que podrían estar relacionados con trashumancia electoral, especialmente en algunos departamentos del país.

Durante el periodo de análisis, se inscribieron 50.858 ciudadanos en Colombia por cambio de lugar de votación, y 4.666 en sedes consulares en el exterior, para un total de 55.524 inscripciones. Esta cifra representa un incremento del 64,37% frente al mismo periodo del proceso electoral de 2022, cuando se reportaron 33.779 inscripciones.

La MOE señala que, con base en las proyecciones del DANE para 2026, esta cifra representa una tasa nacional de inscripción de 1,90 por cada mil habitantes, aunque tres departamentos superan ampliamente ese promedio: Meta, con 7,59 inscritos por cada mil habitantesVichada, con 4,21; y Norte de Santander, con 3,59. Estos valores duplican la tasa nacional y encienden señales de alerta.

Asimismo, la organización cuestionó la falta de acceso a datos en tiempo real por parte de la Registraduría Nacional, lo cual ha limitado el monitoreo independiente. Aunque la Registraduría ha entregado información agregada por regiones y puestos de votación, la MOE advierte que la falta de datos desagregados y actualizados representa un retroceso frente a ejercicios anteriores, como los de las elecciones nacionales de 2022.

Según la MOE, la tasa de inscripción de cédulas es una herramienta crucial para identificar patrones de trashumancia electoral y, en casos más graves, fraudes como inscripción irregular, compra de votos o constreñimiento al elector. La organización hace un llamado a las autoridades electorales a garantizar la transparencia y el acceso a la información para evitar que se repitan prácticas que debiliten la legitimidad del proceso electoral.

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