Alcaldes de El Carmen, Tibú y El Tarra lanzan un angustioso llamado al Gobierno nacional ante el recrudecimiento de la violencia, las amenazas contra docentes, la presencia de minas antipersona, los ataques con drones y el desplazamiento de comunidades. La población civil exige garantías para vivir en paz.
La región del Catatumbo continúa enfrentando una grave crisis humanitaria que amenaza derechos fundamentales de miles de habitantes. La confrontación entre grupos armados ilegales no solamente deja víctimas y desplazamientos, sino que está comprometiendo servicios esenciales como la educación, la salud, la movilidad y la seguridad de las comunidades campesinas.
La dramática situación fue expuesta durante el Encuentro de Alcaldes del Catatumbo, convocado por el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander, escenario en el que los mandatarios de El Carmen, Tibú y El Tarra presentaron denuncias y reclamaron una respuesta institucional efectiva.
El mensaje de los mandatarios fue contundente: el Catatumbo necesita garantías de seguridad, protección humanitaria y soluciones que permitan a sus habitantes recuperar la tranquilidad y desarrollar sus actividades sin el temor permanente de quedar atrapados en medio de los enfrentamientos.
Las cifras de una tragedia que continúa golpeando al Catatumbo
El presidente del Consejo Departamental de Paz, Enrique Pertuz, presentó un panorama estadístico que refleja las dimensiones de la violencia.
De acuerdo con las cifras expuestas durante el encuentro, entre 2021 y 2025 Norte de Santander registró 4.340 homicidios, de los cuales 1.096 ocurrieron en el Catatumbo, aproximadamente el 25,3 % del total departamental. Estas cifras no incluyen los asesinatos registrados durante 2026.
Igualmente, con corte al primero de febrero de 2026, el departamento contabilizaba 476.614 víctimas del conflicto armado por hechos ocurridos en su territorio. De ellas, 112.140 correspondían a los once municipios del Catatumbo, equivalentes al 23,6 %.
Más allá de las estadísticas, cada víctima representa una historia familiar marcada por el dolor, la incertidumbre, el desarraigo y las dificultades para reconstruir su proyecto de vida.
Pertuz insistió en que las soluciones para el Catatumbo no pueden diseñarse exclusivamente desde los escritorios gubernamentales. Reclamó la participación de organizaciones campesinas, juntas de acción comunal, jóvenes, víctimas y autoridades indígenas en la construcción de una agenda regional con proyectos concretos, financiación y seguimiento público.
El Carmen: profesores amenazados y estudiantes sin garantías para regresar a clases
Una de las denuncias más preocupantes fue presentada por el alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras Yaruro, quien alertó sobre las amenazas que enfrentan docentes y directivos de instituciones educativas rurales.
Según explicó, varios profesores han tenido que abandonar sus lugares de trabajo y trasladarse a otros municipios y ciudades para proteger sus vidas.
Esta situación tiene consecuencias directas sobre cientos de estudiantes que dependen de la educación pública rural y que, debido a las dificultades de conectividad, tampoco encuentran en las clases virtuales una solución viable.
El mandatario también manifestó su preocupación por la utilización de drones durante los enfrentamientos armados, circunstancia que aumenta el temor de la población y dificulta el funcionamiento de la administración municipal.
La escuela debe ser un territorio protegido, donde los niños puedan aprender y construir su futuro sin amenazas, minas antipersona ni confrontaciones armadas.
Tibú: minas cerca de las escuelas y ambulancias sometidas a controles
El alcalde de Tibú, Richard Claro, describió una situación especialmente delicada para la seguridad de los habitantes de su municipio.
Entre sus denuncias destacó la presencia de minas antipersona en inmediaciones de establecimientos educativos, situación que impide desarrollar normalmente las actividades académicas y expone a niños, adolescentes y profesores a graves riesgos.
El mandatario solicitó al Gobierno nacional garantías para adelantar procesos de desminado humanitario y recuperar espacios seguros para las comunidades.
Otro de los hechos denunciados fue la retención y revisión de ambulancias, actuaciones que, según advirtió, dificultan el traslado oportuno de pacientes y pueden comprometer la atención de emergencias médicas.
En medio de esta crisis, Claro también reclamó al Gobierno nacional y a la Aeronáutica Civil la reactivación del aeropuerto de Tibú, como una alternativa para mejorar la conectividad y facilitar el desplazamiento de personas hacia otros destinos del país.
La movilidad aérea adquiere especial importancia en una región donde las condiciones de seguridad pueden dificultar el transporte terrestre.
El Tarra: los enfrentamientos llegan al casco urbano y más de cien viviendas resultan afectadas
Por su parte, el alcalde de El Tarra, Eider Robles, advirtió que la confrontación armada ha dejado de concentrarse exclusivamente en las zonas rurales y está afectando directamente al casco urbano.
Según su denuncia, los enfrentamientos en los que se utilizan drones han ocasionado daños materiales en más de un centenar de viviendas rurales y urbanas.
El temor a nuevos ataques también ha obligado a líderes sociales y comunitarios a desplazarse hacia otras ciudades, abandonando sus hogares y actividades.
La crisis se extiende al sistema educativo, donde las amenazas contra profesores, la presencia de minas antipersona y las dificultades del transporte escolar ponen en riesgo la continuidad de las clases.
A estas circunstancias se suman los problemas para garantizar la entrega oportuna de alimentos mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE), fundamental para numerosos estudiantes de familias vulnerables.
La situación descrita por el alcalde refleja una realidad especialmente preocupante: la guerra está afectando simultáneamente la seguridad de las viviendas, el acceso a la educación y la estabilidad de las familias.
Un llamado al Gobierno nacional: la presencia del Estado debe traducirse en protección y resultados
Las denuncias presentadas por los alcaldes ponen nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en el Catatumbo.
La seguridad no puede limitarse a operaciones militares o policiales. También requiere instituciones educativas funcionando, centros de salud accesibles, vías seguras, protección a líderes sociales, atención humanitaria y oportunidades económicas para las comunidades campesinas.
El Gobierno nacional, las autoridades departamentales, los organismos de seguridad y las instituciones responsables de garantizar los derechos humanos tienen ante sí el desafío de articular respuestas que permitan atender las necesidades urgentes de la población.
Resulta especialmente importante avanzar en el desminado humanitario, fortalecer los mecanismos de prevención del desplazamiento forzado, proteger al personal docente y sanitario y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
Asimismo, los grupos armados deben respetar las obligaciones del derecho internacional humanitario, particularmente la protección de la población civil, las misiones médicas y los bienes indispensables para la supervivencia de las comunidades.
¡El Catatumbo no puede acostumbrarse a vivir entre el miedo, el desplazamiento y la muerte!
La tragedia humanitaria que atraviesa esta región de Norte de Santander no puede convertirse en una noticia rutinaria ni quedar reducida a estadísticas de homicidios, desplazamientos y daños materiales.
Detrás de cada escuela cerrada existe un niño que pierde oportunidades de aprendizaje. Detrás de cada profesor amenazado hay una comunidad que ve comprometido su futuro. Detrás de cada ambulancia retenida puede existir un paciente que necesita atención urgente. Y detrás de cada familia desplazada hay una historia de vida interrumpida por la violencia.
El Catatumbo necesita una paz que se refleje en hechos concretos: niños estudiando, campesinos trabajando sus tierras, profesores ejerciendo su profesión, médicos atendiendo pacientes y familias viviendo sin miedo.
Las voces de los alcaldes de El Carmen, Tibú y El Tarra constituyen un llamado institucional que merece atención y seguimiento.
Porque la paz no se construye únicamente con declaraciones, reuniones o compromisos escritos. Se construye garantizando derechos, protegiendo vidas y devolviendo a las comunidades la confianza en sus instituciones.
¡El Catatumbo no pide privilegios! Reclama seguridad, educación, salud, dignidad y el derecho fundamental de sus habitantes a vivir en paz.
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