La renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia no solo sacudió las bases del gabinete del presidente Gustavo Petro, sino que abrió una nueva crisis política en el corazón del Gobierno del Cambio. La exministra, reconocida por su independencia y trayectoria jurídica, denunció presiones e injerencias indebidas en el manejo de su cartera, señalando situaciones que comprometerían directamente a altos funcionarios de la Casa de Nariño.
En una comunicación pública, Buitrago evitó mencionar nombres, pero versiones posteriores y filtraciones a medios identificaron a Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como los protagonistas de estos episodios de presunta intromisión.
Una de las pruebas más reveladoras es un mensaje enviado el pasado 8 de abril desde el teléfono de Rodríguez a la entonces ministra, en el que le solicita: “Porfa, suspender contratación de trajes del Inpec”. Para Buitrago, este tipo de comunicaciones representan un intento directo de interferencia administrativa en asuntos que corresponden exclusivamente al Ministerio de Justicia.
La situación, según reveló la propia exministra, no fue aislada. A esta se sumaron otras presiones, como solicitudes para cambiar nombramientos internos y encargos ministeriales. Uno de los hechos más controversiales ocurrió el 8 de mayo, mientras Buitrago se encontraba en Washington cumpliendo una agenda oficial. En ese contexto, aseguró haber dejado como encargado al secretario general del Ministerio; sin embargo, Rodríguez le informó a través de un mensaje —que posteriormente desapareció— que el ministro encargado sería Augusto Ocampo, secretario jurídico de Presidencia.
“El mensaje desapareció después de abrirlo. Me había informado que Ocampo sería designado como encargado del Ministerio de Justicia, cuando yo ya había hecho una designación interna”, señaló Buitrago en su carta de renuncia.
La figura de Ocampo también ha sido cuestionada por su pasado judicial. Aunque fue absuelto por la Comisión de Disciplina Judicial en un proceso por presunta estafa, su nombramiento generó suspicacias por el manejo interno del poder en el Gobierno. Desde el 16 de mayo asumió formalmente el Ministerio de Justicia.
La denuncia de Buitrago tomó mayor dimensión este lunes, cuando la abogada Estefanía Orozco Torres presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Angie Rodríguez y Armando Benedetti por presunto tráfico de influencias. La jurista argumenta que existieron presiones sistemáticas para influir en decisiones clave del Ministerio de Justicia, como la remoción del director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y solicitudes para trasladar a personas privadas de la libertad.
La denuncia también pide investigar las comunicaciones entre los implicados, solicitar los registros de llamadas y requerir al Dapre los antecedentes del grupo de mensajería instantánea del gabinete presidencial, del cual, según se afirma, Buitrago habría sido retirada tras manifestar su inconformidad.
Durante una rueda de prensa tras su salida, Buitrago fue contundente al afirmar que el Estado no puede convertirse en “la bolsa de empleos de algunos”, en alusión a presuntas imposiciones de cuotas burocráticas. “Si me dicen cambie al director de una unidad porque lo ordena el presidente, tengo que saber si esa persona es capaz”, recalcó.
La renuncia de Ángela María Buitrago, quien fue una de las ternadas por el propio presidente Petro para la Fiscalía General de la Nación, no solo representa la salida de una funcionaria técnica del gabinete, sino que pone en evidencia las tensiones internas en la administración y plantea serios cuestionamientos sobre el respeto a la autonomía de las carteras ministeriales.
Por ahora, la Fiscalía deberá decidir si abre una investigación formal y el presidente Gustavo Petro aún no ha emitido una declaración oficial sobre los hechos. Lo cierto es que el escándalo crece y podría tener repercusiones tanto políticas como jurídicas en el alto gobierno.
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