Colombia rechaza la medida y la califica de persecución judicial sin fundamento jurídico
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación y Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia ante la Santa Sede y excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Foto Colprensa y Jaime Pérez.
Por segunda vez en menos de una década, la justicia de Guatemala apunta su artillería contra Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia ante la Santa Sede y excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Esta vez, acompañado por Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, quienes fueron vinculados a un presunto entramado de corrupción relacionado con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala emitió una orden de captura en su contra para que respondan por los presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), adscrita al Ministerio Público guatemalteco, señala que Velásquez y Camargo habrían favorecido a Odebrecht cuando hacían parte de la Cicig, provocando un supuesto detrimento patrimonial de más de 3.000 millones de quetzales (alrededor de 390 millones de dólares).
La acusación también cobija a otros exfuncionarios de alto perfil, como Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala; Mayra Véliz, exsecretaria general del Ministerio Público; Luis David Gaitán, exmandatario de la Cicig; y los exfiscales Rudy Herrera y Ami Girón, todos vinculados a la misma estructura que habría operado entre 2010 y 2019.
Según el Ministerio Público guatemalteco, esta supuesta red manipuló acuerdos con Odebrecht para favorecer sus intereses y desviar recursos públicos, en medio de una intensa ofensiva judicial que ha sido duramente criticada por organismos internacionales.
Además de la orden de captura, se emitió Circular Roja de Interpol, lo que significa que Velásquez y Camargo podrían ser detenidos en cualquier país. El caso ha generado preocupación en el ámbito internacional, sobre todo por el historial de persecución judicial contra quienes formaron parte de la Cicig, una entidad respaldada por Naciones Unidas que, entre 2007 y 2019, combatió la corrupción en el más alto nivel político de Guatemala.
El Gobierno colombiano reaccionó con firmeza. La canciller Laura Sarabia, en nombre del Ejecutivo, rechazó enérgicamente la decisión guatemalteca:
“Esta acción, sin sustento jurídico, vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional”, afirmó en un comunicado oficial.
No es la primera vez que Iván Velásquez enfrenta esta clase de medidas por parte del sistema judicial guatemalteco. En 2017, el entonces presidente Jimmy Morales lo declaró persona non grata por su labor al frente de la Cicig, luego de que la comisión pusiera bajo la lupa a su entorno familiar. En 2023, Guatemala ya había intentado emitir una orden de captura, pero fue desestimada por la ONU, que recordó que los exfuncionarios de la Cicig conservan su inmunidad diplomática en virtud del acuerdo internacional que dio vida a la comisión.
En medio de una creciente controversia, sectores políticos y de derechos humanos advierten que esta decisión hace parte de una campaña de criminalización contra quienes combatieron la corrupción en Guatemala y exigen garantías para Velásquez y Camargo, quienes han mantenido su postura de inocencia y su disposición a colaborar con la justicia en marcos que respeten el debido proceso y el derecho internacional.
Este episodio reaviva las tensiones entre quienes defienden la labor histórica de la Cicig y quienes, desde el poder, buscan desacreditarla, en una disputa que no solo tiene ecos jurídicos, sino también profundos matices políticos y diplomáticos.
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