El Tribunal Superior de Bogotá negó, pocas horas después de su radicación, una medida cautelar solicitada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien busca recuperar su libertad tras ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La solicitud hacía parte de una acción de tutela de 91 páginas presentada por su abogado, Jaime Granados, en la que pedía suspender provisionalmente la orden de detención domiciliaria mientras se estudia de fondo el recurso. Sin embargo, el Tribunal fue enfático al señalar que las decisiones judiciales “gozan de presunción de acierto y legalidad” y que no es posible suspenderlas con base únicamente en la inconformidad de una de las partes.
“No existen motivos para que, en este estadio del proceso de tutela, se suspenda la orden dictada por la autoridad judicial accionada; máxime que, salvo la inconformidad del actor con la decisión judicial, por el momento ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales del prenombrado”, sostuvo el fallo.
La Sala aclaró que aún no puede calificarse como “arbitraria” la decisión que impuso la medida de aseguramiento al exmandatario. Señaló que será necesario esperar a que ambas partes puedan presentar y controvertir pruebas para evaluar si la orden de captura cumplió con los requisitos legales para restringir la libertad de Uribe.
El análisis de fondo de la tutela quedará en manos del despacho del magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien tiene un plazo de diez días para decidir si mantiene o levanta la medida de aseguramiento.
Uribe, de 73 años, fue condenado por su responsabilidad en el intento de manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda. La jueza Sandra Liliana Heredia, quien emitió la sentencia, descartó la tesis del supuesto complot judicial alegado por Uribe, y concluyó que fue el determinador de una red que pretendía desviar la justicia en su beneficio.
Además de la condena, el expresidente quedó inhabilitado por 100 meses para ejercer cargos públicos y deberá pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos legales vigentes.
Aunque la sentencia ya fue emitida, funcionarios del Inpec aún no han llegado a la vereda El Tablazo, en Rionegro (Antioquia), para formalizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria en la residencia del exmandatario.
Mientras tanto, la defensa de Uribe insiste en su inocencia y sostiene que se han vulnerado sus derechos fundamentales en el proceso, aunque las decisiones judiciales hasta el momento no le han sido favorables.
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