Un nuevo escándalo volvió a golpear al Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que se revelara que, en cuestión de horas y días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, se firmaron contratos por montos que han desatado una fuerte controversia política y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La Ley de Garantías comenzó a regir el sábado 8 de noviembre y, tal como lo advirtieron sectores de oposición, en las horas previas se disparó la contratación estatal. La representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal de Bogotá Daniel Briceño fueron quienes encendieron las alarmas con cifras que, aunque difieren entre sí, coinciden en la magnitud del gasto ejecutado en plena antesala de las restricciones legales.
Miranda aseguró que, en menos de 24 horas, el Ejecutivo firmó contratos que superan los $1,5 billones, una cifra que calificó de “escandalosa” por haberse ejecutado justo antes de la entrada en vigor de la normativa que limita este tipo de actos administrativos durante época electoral.
“Mientras los colombianos confiamos en que se cumpla la ley, el Gobierno sigue firmando contratos a toda marcha, pasando por encima de la Ley de Garantías”, declaró la congresista durante una sesión en el Capitolio, palabras que desataron un intenso debate en redes sociales y en la opinión pública.
Miranda alertó que este comportamiento compromete el control fiscal y la confianza ciudadana en el uso adecuado de los recursos estatales.
“La plata de los colombianos no puede verse como un botín de campaña del Pacto Histórico. Llamo a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría para que prendan las alarmas”, sentenció la congresista.
Por su parte, el concejal Daniel Briceño, quien ha investigado con detalle los movimientos contractuales del Gobierno, presentó cifras diferentes pero igualmente preocupantes. Según él, entre el 1 y el 7 de noviembre, es decir, en los días inmediatamente anteriores a la restricción legal, el Gobierno Petro suscribió convenios interadministrativos por $2,1 billones.
Briceño puso el foco en el destino de los recursos y cuestionó la priorización de ciertas entidades y proyectos.
“Mucha plata para organizaciones indígenas, eventos y política en general. ¿Dónde está la Contraloría?”, señaló en su cuenta de X.
El escándalo abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y los sectores de control político, y amenaza con convertirse en uno de los debates más intensos de la temporada preelectoral. Mientras tanto, ciudadanos y organizaciones de vigilancia fiscal esperan una respuesta clara de los organismos de control sobre el manejo de los millonarios recursos que fueron comprometidos justo antes de que la Ley de Garantías cerrara la puerta a nuevas contrataciones.
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