Las obras urgentes que buscan ampliar la capacidad del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro están paralizadas, no por falta de recursos ni de planificación, sino por un permiso que no llega desde Bogotá. La situación ha desatado las primeras voces de alarma entre líderes del sector de la infraestructura, que acusan a la Aeronáutica Civil de frenar una intervención crucial para aliviar la creciente congestión del terminal aéreo.
Diseñado para movilizar 11 millones de pasajeros al año, el José María Córdova ha superado esa cifra desde 2022. En 2023 cerró con 13,7 millones de viajeros y la cifra sigue en aumento. Sin embargo, los trabajos para ampliar su capacidad siguen en el limbo pese a que Airplan, operador del aeropuerto, ya tiene listos los diseños y cuenta con más de $120.000 millones para arrancar las obras.
“Hay disponibles más de $100.000 millones por parte del concesionario para hacer unas obras de emergencia que se requieren y que no han podido arrancar por negligencia de la Aeronáutica Civil. Yo quiero hacer un llamado al director de esa entidad para que dé la autorización”, expresó José Fernando Villegas, director en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Sara Ramírez Restrepo, gerente de Airplan, explicó que los principales cuellos de botella no están en la pista sino en la plataforma y el edificio terminal. Por eso, propusieron una intervención urgente que incluya seis nuevas posiciones de parqueo para aviones, 24 nuevos counters (para pasar de 56 a 80), dos filtros de seguridad adicionales para el muelle nacional y seis puertas de embarque con acceso por bus.
La zona internacional también sería objeto de mejoras, con nuevos filtros de ingreso y equipos automatizados para emigración e inmigración. El paquete completo, valorado en $166.538 millones, permitiría atender hasta 17,5 millones de pasajeros anuales, mientras el Gobierno Nacional culmina el plan maestro de modernización del aeropuerto.
Pero pese a que los diseños están listos desde finales de 2023, los permisos siguen sin llegar. La causa estaría en un frenazo desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que, según versiones, habría recibido instrucciones de la Aerocivil para no modificar el contrato de concesión a través de un otrosí, necesario para viabilizar las inversiones.
El asunto escaló hasta el Viceministerio de Infraestructura del Ministerio de Transporte, donde se teme que la decisión de no firmar el otrosí ya esté tomada. Versiones indican que, más allá de razones técnicas, el Gobierno Nacional tendría reparos a que esa inversión sea ejecutada por un privado, prefiriendo que quede bajo control estatal.
Mientras tanto, el aeropuerto más importante de Antioquia continúa operando al límite de su capacidad, con pasajeros y aerolíneas pagando las consecuencias del bloqueo burocrático.
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