Bogotá. La derrota sufrida por el Gobierno en el Congreso desató una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, que se reflejó primero en una serie de trinos que dejaron ver su ansiedad, y luego en la decisión de expulsar a varios ministros y directores de entidades claves.
El mandatario pidió la renuncia de Antonio Sanguino (Partido Verde), ministro de Ambiente; de Julián Molina (Partido de La U), ministro de las TIC; y de Diana Morales (Partido Liberal), ministra de Comercio. Además, fuentes oficiales confirmaron que la reestructuración alcanzará a directores de entidades estratégicas como Finagro, ICA, la Previsora, Positiva Seguros y la USPEC, entre otras.
Estas instituciones tenían vínculos con figuras políticas como Fabio Amín, Guido Echeverry, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya y varios congresistas liberales —Laura Fortich, Claudia Pérez, Alejandro Vega, Jhon Jairo Roldán—, además de dirigentes de La U y de algunos conservadores disidentes. Fueron precisamente esos sectores los que garantizaron mayorías para reformas cruciales del Ejecutivo, como la pensional, la tributaria de 2022, la jurisdicción agraria y el segundo intento de la reforma laboral.
Entre la radicalización y la negociación
La crisis abre un nuevo dilema político para Petro: optar por radicalizar su discurso, como lo hizo en el pasado con propuestas de una Constituyente o con el fallido anuncio de una consulta popular tras el hundimiento inicial de la reforma laboral, o dar un paso atrás y recomponer las alianzas que hasta ahora le dieron gobernabilidad.
Sectores de su propio gabinete, como el ministro Armando Benedetti, insisten en que es indispensable mantener la representación de los partidos tradicionales en el Gobierno para sacar adelante proyectos neurálgicos como la nueva tributaria de 23 billones de pesos, la reforma a la salud y la corrección de errores en la reforma pensional. “Sin esos votos, no hay reformas”, admitió una fuente de alto nivel.
La salida de ministros y directores amenaza con resquebrajar los apoyos liberales, conservadores y de La U que facilitaron la aprobación de proyectos en Senado y Cámara. Sin mermelada ni representación burocrática, advierten analistas, el Ejecutivo podría perder su capacidad de maniobra legislativa justo cuando se juegan las reformas más sensibles.
Un presidente con el sol a sus espaldas
El pulso se da en un momento en el que Petro encara el último tramo de su gobierno con un capital político menguante. “Está furioso. Tomó el teléfono para pedir renuncias directamente”, relató una fuente cercana al Ejecutivo, en referencia a la presión que habría ejercido desde Japón, donde asiste a Expo Osaka.
El regreso del presidente al país será decisivo. Deberá escoger entre dos caminos: mantener la radicalización de su discurso, arriesgando gobernabilidad y reformas, o recomponer puentes con las bancadas tradicionales para garantizar avances en su Plan de Gobierno.
De fondo, la Corte Constitucional también jugará un papel clave en los próximos días. Con la posesión de un nuevo magistrado en reemplazo de José Fernando Reyes, se definirá no solo el alcance del programa de Petro, sino también los límites de la institucionalidad frente al Ejecutivo.
Lo cierto es que, en medio de tensiones y renuncias sobre su escritorio, el presidente enfrenta una encrucijada política: o pacta, o se queda solo.
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