El caso Nicolás Petro: el expediente que salpica a fiscales, funcionarios y al propio presidente

El proceso por enriquecimiento ilícito contra el hijo del mandatario no solo ha estremecido la justicia, sino que también ha arrastrado a los investigadores, removidos, amenazados o cuestionados en medio de presiones y ataques públicos.

Victor Forero, Lucy Laborde, y Mario Burgos. Foto cortesia

El expediente contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se ha convertido en uno de los procesos judiciales más controversiales y corrosivos de los últimos años en Colombia. Lo que comenzó como una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos terminó escalando hacia un complejo entramado de disputas internas en la Fiscalía, denuncias de presiones políticas, amenazas a funcionarios e incluso ataques directos desde el propio Palacio de Nariño.

A más de un año del inicio del caso, el proceso no solo tiene en el banquillo al hijo del jefe de Estado, sino también a quienes se atrevieron a investigarlo. Fiscales, investigadores y funcionarios del CTI han terminado removidos, disciplinados o desplazados de sus cargos, mientras enfrentan controversias judiciales y mediáticas.

El fiscal Mario Andrés Burgos, quien lideró la primera etapa de la investigación y formuló la acusación contra Nicolás Petro, fue el primero en sentir las consecuencias. Burgos se hizo visible tras la divulgación de los videos de la captura del hijo del presidente y del interrogatorio en el que este admitió haber recibido dineros no declarados para la campaña presidencial.

Sin embargo, esa exposición pública le costó caro. La defensa de Nicolás Petro pidió su remoción, alegando impedimento y filtraciones de información reservada. La Comisión de Disciplina Judicial le formuló pliego de cargos por presuntas actuaciones irregulares, entre ellas la difusión de los videos del operativo y presuntas presiones durante el interrogatorio. La Fiscalía General terminó apartándolo del caso.

“El único enemigo que hoy tengo es el Presidente y el hijo del Presidente”, dijo Burgos en su momento, asegurando que su actuación fue estrictamente judicial y sin motivaciones políticas.

La investigación pasó entonces a manos de la fiscal Lucy Laborde, quien poco después denunció presiones internas dentro de la misma entidad. En una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, Laborde relató haber sido vulnerada en su autonomía luego de que se le asignara una fiscal de apoyo, Liliana Mesa Agudelo, sin su consentimiento. Según su denuncia, Mesa habría recibido solicitudes directas de la defensa de Nicolás Petro y de la Dirección de Lavado de Activos, lo que habría puesto en riesgo la reserva del expediente.

Laborde sostuvo que esas intervenciones afectaban su independencia como titular del caso. De inmediato, la defensa del hijo del presidente aprovechó para pedir su salida, argumentando que sus declaraciones reflejaban “contradicciones internas” y una supuesta intención de “cubrir errores ya consumados”.

Al igual que Burgos, Laborde fue blanco de críticas públicas del presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado reiteradamente, a través de sus redes sociales, la independencia y transparencia de los funcionarios judiciales que han tenido a su cargo el proceso contra su hijo.

El tercer eslabón de esta cadena es el investigador del CTI Víctor Forero, quien aseguró ser víctima de un “calvario” tras recopilar evidencia clave en el caso. Forero denunció que fue retirado de su cargo justo después de avanzar en la recolección de pruebas relevantes y que desde entonces recibe amenazas y es objeto de seguimientos e interceptaciones.

“He recibido información de que me vigilan, de que interceptan mis comunicaciones y de que intentan acceder a mi teléfono con programas maliciosos”, aseguró.

Los casos de Burgos, Laborde y Forero revelan un patrón inquietante: todo funcionario que ha tocado el caso Nicolás Petro termina enfrentando represalias, investigaciones internas o descrédito público. A ello se suma un elemento común: los señalamientos directos del presidente Gustavo Petro, quien ha insinuado motivaciones políticas detrás de cada actuación judicial adversa a su hijo.

Con el expediente aún abierto y las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía en su punto más alto, el proceso contra Nicolás Petro se ha convertido en una verdadera prueba de fuego para la independencia judicial en Colombia.

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