El expresidente colombiano espera conocer si la segunda instancia confirma o tumba la condena de 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos, dictada en agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia.
Tres días antes de que prescribiera el proceso, el Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión clave frente a la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El caso, considerado uno de los más trascendentales en la historia judicial del país, involucra al primer exmandatario colombiano en ser condenado penalmente.
Uribe fue sentenciado el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien le impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria, además de una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 100 meses y 20 días. En un extenso fallo de 1.114 páginas, la jueza concluyó que el exmandatario fue determinador de las dádivas ofrecidas por intermedio de su entonces abogado, Diego Cadena, a los presos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, con el fin de que modificaran sus declaraciones en su contra.
Los testigos habían vinculado a Uribe con la creación de un grupo paramilitar en Antioquia durante la década de los 90, acusaciones que el exmandatario ha negado de manera reiterada.
El fallo en primera instancia señala que Uribe “determinó penalmente” los delitos de soborno en actuación penal en concurso con fraude procesal, y ordena su detención inmediata. Sin embargo, tanto la defensa del expresidente como la Procuraduría General de la Nación apelaron la decisión.
El abogado Jaime Granados, representante de Uribe, calificó la condena como “arbitraria, injusta y carente de sustento probatorio”. Según dijo, la decisión “desafía los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, imponiendo una pena incluso superior a la solicitada por la Fiscalía”. La defensa insistió en que no se puede dar credibilidad a testigos como Vélez y Monsalve, y pidió al Tribunal revocar la sentencia en su totalidad.
La apelación quedó en manos de una sala de tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, encabezada por el ponente Manuel Antonio Merchán, acompañado por Alexandra Ossa y Leonor Oviedo. De acuerdo con fuentes judiciales, Merchán presentó su proyecto de fallo hace una semana, y tras el análisis conjunto, los magistrados habrían llegado a un consenso sobre la decisión final.
La fecha del anuncio resulta clave: este 16 de octubre prescribía el proceso, tras cumplirse ocho años desde la indagatoria que rindió Uribe el 8 de octubre de 2018 ante la Corte Suprema, entonces dirigida por el magistrado César Reyes. Con la confirmación de que ya existe un veredicto, se descarta la prescripción y se garantiza que el exmandatario recibirá un fallo —ya sea ratificando la condena, modificando aspectos del fallo, o absolviéndolo— en los próximos días.
Una vez se conozca la sentencia de segunda instancia, las partes —Uribe, la Fiscalía o la Procuraduría— podrán interponer un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que podría revisar el caso y extender el proceso judicial por al menos otros cinco años.
El país político y judicial se mantiene a la expectativa de un fallo que, más allá de su impacto penal, podría marcar un precedente histórico en la relación entre el poder y la justicia en Colombia.
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