En la decisión judicial, el alto tribunal ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad y la captura inmediata de los congresistas Wadith Manzur y Karen Astrid Manrique, quienes hicieron parte en 2023 de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso.
Además de ellos, fueron llamados a juicio por el delito de cohecho impropio los congresistas Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo; así como el excongresista Juan Diego Muñoz.
Según la decisión, los dirigentes políticos habrían utilizado sus cargos para exigir contratos y proyectos administrados por la UNGRD, con el fin de agilizar la aprobación de iniciativas crediticias de interés para el Gobierno.
El alto tribunal señaló que, en diversas reuniones, se habría acordado que la contraprestación para los congresistas sería impulsar procesos de contratación y obras de interventoría en tres proyectos de la UNGRD ubicados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
De acuerdo con la investigación, estas reuniones se realizaron en distintas ocasiones en las sedes de los ministerios de Hacienda e Interior, en el centro de Bogotá.
En contraste, la Sala determinó que los congresistas Bitar, Peinado y Gallo, así como el excongresista Muñoz, podrán continuar su defensa en libertad mientras avanza el proceso judicial.
La Corte notificará en las próximas horas al Congreso de la República la decisión, con el fin de que los cinco congresistas que aún ejercen sus funciones sean suspendidos temporalmente de sus cargos.
Testimonios clave en el proceso
Entre las pruebas más relevantes se encuentran los testimonios de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quien entregó declaraciones detalladas ante el magistrado Misael Rodríguez.
En su testimonio, Benavides aseguró que existen conversaciones con el representante Manzur relacionadas con la asistencia a sesiones en las que se discutirían proyectos de crédito.
“Yo tengo un chat con el representante Wadith el 8 de noviembre, en el cual, al saber que ellos no querían asistir a la sesión del 9 de noviembre (…) le digo algo así como: ¿qué más falta? (…) Después de ese chat, en la sesión del 28 de noviembre hay cuórum y los congresistas votan ciertos créditos”, afirmó la exasesora.
Un escándalo que alcanza al alto Gobierno
El escándalo de la UNGRD ha escalado a las altas esferas del gobierno del presidente Gustavo Petro, involucrando a funcionarios cercanos al Ejecutivo.
Actualmente permanecen en un centro carcelario los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Además, cuentan con circular roja de Interpol los exdirectores del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González y de la Función Pública César Manrique Soacha.
La Corte tuvo en cuenta la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de reiteración de conductas delictivas al adoptar las medidas contra los congresistas capturados. El proceso judicial continuará en las próximas etapas ante el alto tribunal.
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