Más de $82.900 millones en sanciones a empresas de energía y gas, devoluciones por $8.796 millones a usuarios de gas natural, una reducción cercana al 25 % en las tarifas de energía para usuarios de Air-e y nuevas herramientas de vigilancia para los mercados energéticos hacen parte del balance presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Los resultados fueron expuestos por el superintendente Felipe Durán Carrón durante una entrevista en el programa 'La Agenda', del servicio informativo de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para medios alternativos, comunitarios y regionales.
En materia de inspección y vigilancia, la entidad informó que fortaleció los mecanismos de monitoreo de los mercados de energía y gas para detectar oportunamente riesgos, ineficiencias y posibles afectaciones a los usuarios.
Como resultado de estas acciones, durante el actual Gobierno se impusieron 102 sanciones a prestadores de energía y gas por un valor superior a $82.900 millones.
Según la Superintendencia, estas decisiones buscan garantizar el cumplimiento de la regulación y proteger a los usuarios frente a conductas contrarias al interés general.
Devoluciones a usuarios de gas
La entidad también destacó el acuerdo alcanzado con la empresa Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur), luego de un proceso de investigación relacionado con cobros en las tarifas de transporte de gas natural.
Como resultado, más de $8.796 millones serán devueltos a los usuarios.
La Superintendencia explicó que la empresa ajustará la tasa de descuento aplicada a la tarifa regulada del 10,94 %, corrigiendo un cobro superior que venía efectuando desde 2023.
El acuerdo cubre las diferencias acumuladas entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026.
Las devoluciones comenzarán en junio de 2026 y se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año.
Sanción en el sector eléctrico
En el sector eléctrico, la Superintendencia destacó la sanción impuesta a Enel por prácticas que, según la investigación, afectaron el funcionamiento eficiente del mercado.
De acuerdo con la entidad, la empresa mantuvo lleno el embalse de Betania sin generar energía de menor costo, pese a contar con disponibilidad de agua.
Al mismo tiempo, habría ofertado esa energía a precios elevados en la bolsa, situación que permitió el ingreso de plantas térmicas con costos superiores.
Según la Superintendencia, este comportamiento terminó impactando las tarifas que pagan los usuarios.
'Esta conducta distorsionó el mercado, implicó ineficiencias y encareció el servicio. Por eso impusimos la primera multa por valor de $2.847 millones por este tipo de prácticas en 31 años de historia de la entidad', afirmó el superintendente Durán.
Reducción de tarifas en el Caribe
La entidad también resaltó los resultados obtenidos durante la intervención de Air-e.
Según el balance presentado, la tarifa de energía para los usuarios de la compañía se redujo cerca de un 25 %, pasando de aproximadamente $1.200 por kilovatio hora a valores cercanos a $700 por kilovatio hora.
La Superintendencia señaló que brindó las garantías institucionales necesarias para adelantar la convocatoria de compra de energía durante 2026.
Este proceso permitió asegurar, mediante contratos bilaterales, el 85 % de la energía requerida para garantizar la continuidad del servicio a cerca de 1,3 millones de usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Nuevo marco tarifario para acueducto y alcantarillado
Otro de los avances destacados fue la implementación del nuevo marco tarifario para los grandes prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado.
La medida busca que los usuarios paguen únicamente por inversiones efectivamente realizadas y no por proyecciones a largo plazo que, en algunos casos, no llegaban a ejecutarse.
La entidad indicó además que inició la adaptación de sus sistemas de inspección, vigilancia y control para alinearlos con este nuevo modelo regulatorio.
Participación ciudadana y control social
La Superintendencia informó que fortaleció los mecanismos de participación ciudadana mediante la Red de Comunidades para el Control Social y los Diálogos Regionales.
Asimismo, avanzó en la creación del Observatorio Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios y en la estructuración de la Escuela de Servicios Públicos Domiciliarios, concebida como un espacio permanente para el análisis, la formación y la construcción de conocimiento sobre el sector.
Finalmente, el superintendente Felipe Durán aseguró que la entidad culmina este periodo de gobierno con mayores capacidades institucionales para proteger a los usuarios y vigilar los mercados.
'El Gobierno del presidente Gustavo Petro entrega una Superintendencia más fuerte, más técnica, más cercana a la ciudadanía y con mayores capacidades para proteger a los usuarios, vigilar los mercados, promover la justicia tarifaria, fortalecer la economía popular y acompañar la transición energética justa que demanda el país', afirmó.
(Fin/mmc/cpq)
Enlace video: https://youtu.be/t9ecXMlehK4
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