La disminución de la representación política del departamento, los proyectos de infraestructura pendientes, la seguridad y la crisis de la salud hacen parte de los principales desafíos que enfrentará la nueva bancada antioqueña durante el periodo 2026-2030.
Antioquia comenzó el nuevo periodo legislativo con una representación política disminuida en el Congreso de la República. El departamento, que durante varios años contó con una bancada superior a la actual, inicia esta legislatura con 9 senadores y 17 representantes a la Cámara, una reducción que genera preocupación frente a la capacidad de la región para defender sus intereses ante el Gobierno nacional.
La situación adquiere mayor relevancia porque el nuevo Congreso tendrá que discutir el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto público y las principales reformas del Gobierno, en un escenario en el que Antioquia busca mantener vigentes proyectos estratégicos de infraestructura y obtener respuestas frente a problemas de seguridad, salud y financiación territorial.
Para el representante Andrés Guerra, del Centro Democrático, la prioridad debe ser evitar que la disminución de curules se traduzca también en una pérdida de capacidad de gestión política. Su planteamiento parte de una premisa: Antioquia necesita actuar como bloque regional alrededor de una agenda común, independientemente de las diferencias partidistas.
Infraestructura, la primera batalla
Entre los asuntos que aparecen como prioritarios está la terminación del túnel del Toyo, considerado una de las obras estratégicas para conectar a Antioquia con el Urabá y ampliar la conexión del departamento con el Caribe.
El proyecto continúa dependiendo de la instalación de los equipos electromecánicos necesarios para su operación. Para Guerra, la discusión no puede limitarse a quién tiene la responsabilidad administrativa de la obra, sino que debe concentrarse en garantizar los recursos y decisiones que permitan llevarla a su conclusión.
En la misma agenda aparece el Metro de la 80, proyecto para el cual Antioquia deberá reclamar los recursos comprometidos durante administraciones anteriores y garantizar que la Nación mantenga su participación financiera.
A esto se suman los llamados puntos pendientes de las vías de cuarta generación y la necesidad de comenzar a estructurar nuevos proyectos de quinta generación. Entre las iniciativas mencionadas aparece la llamada Ruta del Agua, además de la ampliación de corredores estratégicos como el tramo de Caño Alegre hacia el Magdalena Medio.
La discusión se produce en medio de una preocupación mayor por el presupuesto nacional. De acuerdo con el análisis planteado por el representante, mientras aumentan los recursos destinados al funcionamiento y al servicio de la deuda, disminuye el margen disponible para inversión. Ese escenario podría convertirse en uno de los principales obstáculos para que las regiones logren sacar adelante sus grandes obras.
Seguridad: otra prioridad para Antioquia
La seguridad ocupa igualmente un lugar central en la agenda que la bancada antioqueña deberá llevar al Congreso.
La percepción de Guerra es que la política de Paz Total dejó resultados insuficientes y que el panorama de los grupos armados ha cambiado sustancialmente frente al que existía hace dos décadas. En su lectura, estructuras como el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo responden hoy a dinámicas principalmente asociadas al control territorial y las economías ilegales, más que a los proyectos políticos que caracterizaron a algunas organizaciones insurgentes del pasado.
Ese cambio, sostiene, obliga a replantear la estrategia estatal.
Antioquia enfrenta además una paradoja: mientras las organizaciones ilegales incorporan tecnología para fortalecer sus operaciones, las instituciones públicas pueden tardar meses en adquirir equipos básicos para combatirlas.
El debate sobre la seguridad también tiene una dimensión presupuestal. La administración departamental creó un impuesto destinado a fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, pero desde el Congreso se plantea que la Nación debe asumir una mayor responsabilidad en la financiación de la seguridad regional.
Salud y Savia, otro frente abierto
La situación de la salud también aparece entre las prioridades de la nueva bancada.
Uno de los puntos de preocupación es Savia Salud, entidad que atraviesa dificultades y cuya situación representa un problema de alto impacto para miles de usuarios del departamento.
La discusión sobre el sistema de salud se trasladará nuevamente al Congreso, donde la bancada antioqueña tendrá que defender los intereses territoriales en medio de una discusión nacional marcada por las reformas al sistema y por las dificultades financieras de diferentes actores del sector.
Una bancada más pequeña frente a regiones que ganan representación
Más allá de las diferencias ideológicas, Guerra advierte sobre un fenómeno que considera estructural: mientras Antioquia pierde representación política, otras regiones incrementan su presencia en el Congreso.
El problema, desde esta perspectiva, no se reduce al número de senadores y representantes. Una bancada más pequeña significa también menos capacidad para incidir en las discusiones presupuestales, defender proyectos y ejercer presión política ante el Gobierno nacional.
A esta situación se suma la discusión por los recursos que diferentes entidades y territorios adeudan a empresas antioqueñas. Entre los casos señalados aparece la deuda cercana a $3 billones que, según el planteamiento del representante, tienen entidades de la región Caribe con EPM, asunto que considera necesario resolver por sus implicaciones económicas y nacionales.
El llamado a construir una agenda regional
Frente a este panorama, surge una propuesta que trasciende las fronteras partidistas: construir una hoja de ruta común para Antioquia.
La idea es convocar a las universidades, Proantioquia, las cámaras de comercio, EPM, la Gobernación y los diferentes sectores económicos y sociales para definir cuáles deben ser las prioridades estratégicas del departamento durante los próximos años.
El objetivo sería que la bancada antioqueña pueda llegar al Congreso con una agenda previamente concertada y que su desempeño pueda ser evaluado a partir de resultados concretos.
La apuesta busca evitar que cada congresista actúe de manera aislada y que las diferencias políticas terminen debilitando la capacidad regional de negociación frente al Gobierno nacional.
Menos leyes y más resultados
Guerra también plantea una discusión sobre el funcionamiento del Congreso. Su diagnóstico es que Colombia ha producido un volumen considerable de leyes, pero muchas de ellas terminan sin una aplicación efectiva.
Por eso anuncia que concentrará su trabajo legislativo en una iniciativa relacionada con los requisitos académicos para acceder al Congreso y en una propuesta más amplia para reducir la proliferación de normas que, a su juicio, no generan transformaciones concretas.
La tesis es que el país necesita menos leyes y mayor capacidad para hacer cumplir las existentes.
Desde esa perspectiva, el debate no sería únicamente sobre cuántas normas aprueba el Congreso, sino sobre su verdadero impacto en la vida de los ciudadanos.
La relación con el Gobierno Petro
La nueva bancada antioqueña también tendrá que definir cómo manejará su relación con el nuevo Gobierno.
Guerra cuestiona la política de seguridad y la estrategia de negociación con grupos armados, pero al mismo tiempo plantea que la bancada debe concentrarse en defender los proyectos de la región y evitar que las confrontaciones políticas terminen afectando los intereses de Antioquia.
Su posición es particularmente crítica frente a sectores de la política antioqueña que, según afirma, mantienen un discurso en Bogotá y otro cuando regresan al territorio.
La discusión pone sobre la mesa una pregunta que acompañará a los congresistas durante los próximos cuatro años: ¿debe Antioquia actuar como oposición frente al Gobierno nacional o privilegiar una agenda regional que permita negociar recursos y proyectos independientemente de las diferencias políticas?
La respuesta tendrá consecuencias directas sobre obras como el túnel del Toyo, el Metro de la 80, las vías 4G y 5G y la financiación de la seguridad.
El futuro político de Andrés Guerra
En medio de esta agenda regional, Andrés Guerra también comienza a definir su propio horizonte político.
Después de haber aspirado al Senado y posteriormente asumir una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, sostiene que su propósito es desarrollar un ejercicio legislativo basado en la asistencia, el control político y la defensa de los intereses de Antioquia.
Su intención declarada es terminar su paso por el Congreso en 2030 y dejar abierta la posibilidad de aspirar a la Gobernación de Antioquia en las elecciones de 2031.
El planteamiento convierte el periodo que apenas comienza en algo más que un nuevo capítulo legislativo. Para Guerra, será también la etapa en la que deberá demostrar si la experiencia acumulada durante años en la política regional puede traducirse en resultados concretos.
El reto de la bancada antioqueña
La nueva legislatura pondrá a prueba la capacidad de Antioquia para convertir una bancada numéricamente menor en una fuerza política capaz de obtener resultados.
El desafío no será solamente conseguir recursos para grandes obras. También estará en juego la capacidad de articular a los congresistas alrededor de una agenda regional, defender la seguridad, enfrentar las dificultades del sistema de salud y garantizar que los proyectos estratégicos no queden nuevamente atrapados entre decisiones administrativas, disputas políticas y restricciones presupuestales.
Antioquia comienza así un nuevo periodo con menos curules, pero con una agenda más exigente. La verdadera medida de su bancada no estará únicamente en cuántos congresistas tiene, sino en cuánto pueda conseguir para el departamento durante los próximos cuatro años.
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