Durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, el mandatario ordenó poner en marcha operativos para identificar a extranjeros que permanezcan en el país sin cumplir las condiciones migratorias establecidas. La instrucción fue dirigida a Migración Colombia, bajo la dirección del coronel (r) José Luis Castañeda, que deberá coordinar las acciones con la Policía Nacional.
La primera prioridad, según lo anunciado por el Gobierno, será ubicar a extranjeros presuntamente relacionados con actividades delictivas y, posteriormente, verificar la situación migratoria de quienes se encuentren en condición irregular.
“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó De la Espriella al explicar el enfoque de su administración.
“Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal”, agregó el jefe de Estado.
El Gobierno busca diferenciar migración irregular y criminalidad
Las declaraciones generaron preocupación debido a que una parte importante de la población que podría resultar alcanzada por los controles está conformada por ciudadanos venezolanos.
Ante las críticas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió a precisar el alcance de la medida. En declaraciones a Caracol Televisión, sostuvo que la estrategia está dirigida principalmente contra las estructuras criminales que se lucran del tráfico y la trata de personas, especialmente aquellas que operan en zonas como el Darién.
Según Lara, Colombia no puede convertirse en un punto utilizado por organizaciones ilegales para transportar migrantes hacia Centroamérica y posteriormente hacia Estados Unidos.
El ministro también hizo una distinción entre los extranjeros que cuentan con protección o estatus migratorio regular y quienes permanecen en el país sin cumplir los requisitos establecidos.
En particular, aclaró que los venezolanos que ingresaron a Colombia durante los años más críticos de la crisis migratoria y que accedieron al Permiso por Protección Temporal (PPT) no son considerados migrantes ilegales y, por tanto, no serían objeto de deportaciones por el simple hecho de su nacionalidad.
Más de 800.000 venezolanos están en proceso o en situación irregular
El debate adquiere mayor dimensión por las cifras de población venezolana en Colombia.
De acuerdo con los datos citados de Migración Colombia, en el país permanecen 2.845.791 ciudadanos venezolanos. De ellos, 1.968.180 están regularizados mediante el PPT, mientras que 320.369 se encuentran en proceso de regularización y otros 29.717 cuentan con una condición migratoria regular diferente.
Sin embargo, 527.525 personas permanecen en situación irregular.
Esto significa que, sumando quienes están en proceso de regularización y quienes ya aparecen como irregulares, más de 847.000 venezolanos se encuentran en una situación que podría generar interrogantes frente a los nuevos operativos.
Precisamente, este grupo constituye uno de los puntos más sensibles de la política anunciada por el Gobierno, debido a que encontrarse en proceso de regularización no necesariamente equivale a estar en la misma situación jurídica que una persona que nunca ha iniciado un trámite migratorio.
El futuro del PPT, otro desafío para el Gobierno
La discusión también pone nuevamente sobre la mesa el futuro del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), creado durante el Gobierno de Iván Duque como una respuesta extraordinaria a la crisis migratoria venezolana.
Este mecanismo permitió avanzar en la regularización de cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos que llegaron al país durante la emergencia humanitaria.
No obstante, su vigencia es limitada y está prevista hasta 2031, lo que plantea desde ahora un desafío para el Estado: definir cómo se producirá la transición de esta población hacia los mecanismos ordinarios de permanencia y regularización migratoria.
Expertos en asuntos migratorios han advertido que cualquier estrategia de control deberá diferenciar claramente entre delincuencia, migración irregular y personas que se encuentran adelantando trámites para regularizar su situación.
Críticas al lenguaje presidencial
Más allá de los operativos anunciados, uno de los principales puntos de controversia ha sido el lenguaje utilizado por el presidente De la Espriella, particularmente la expresión “migración ilegal” y la aparente relación establecida entre irregularidad migratoria y criminalidad.
Críticos de la medida consideran que asociar ambos fenómenos puede afectar los procesos de integración de la población migrante y generar estigmatización.
La preocupación adquiere especial relevancia en un contexto regional en el que varios países han endurecido sus políticas migratorias.
Colombia, por el contrario, había sido reconocida durante los últimos años por implementar uno de los procesos de regularización más amplios de la región frente a la migración venezolana.
El nuevo Gobierno tendrá ahora el reto de demostrar que el fortalecimiento de los controles migratorios puede ejecutarse sin desconocer los derechos de quienes cuentan con protección legal, están regularizados o adelantan procesos ante las autoridades.
Así, la ofensiva anunciada en Barranquilla abre un nuevo capítulo en la política migratoria colombiana: mayor control frente a la migración irregular, persecución de las redes criminales y, al mismo tiempo, la necesidad de preservar los mecanismos de protección para quienes han construido su vida en Colombia bajo el amparo de la legislación vigente.
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