En su último día de gobierno, el presidente sancionó la Ley 2618 de 2026, que crea el Programa de Alimentación Universitaria. En sus últimos días también tomó decisiones sobre las disidencias de las Farc, la protección de la Amazonía, los pactos colectivos y dejó nombramientos que tendrán efectos durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.
El último tramo del gobierno de Gustavo Petro no fue solamente una despedida protocolaria. Mientras se preparaba la transición hacia la administración de Abelardo de la Espriella, el Ejecutivo saliente dejó firmados varios actos administrativos, decisiones políticas y disposiciones legales que tendrán efectos durante los próximos años.
En cuestión de días, Petro sancionó una ley que crea un programa de alimentación para estudiantes de universidades públicas, modificó la composición de la mesa de diálogos con las disidencias de las Farc, avanzó en la protección del bioma amazónico, estableció nuevas reglas para los pactos colectivos y dejó nombramientos que trascienden el final de su mandato.
El cierre de gobierno, así, quedó marcado por una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede un presidente saliente comprometer la gestión de quien acaba de llegar al poder?
Un plato de comida para los estudiantes universitarios
El 7 de agosto, en el último día de su administración, Petro sancionó la Ley 2618 de 2026, que crea el Programa de Alimentación Universitaria (PAU) para las instituciones públicas de educación superior.
La iniciativa establece que la alimentación pueda entregarse mediante un plato de comida o a través de bonos, con prioridad para estudiantes en condiciones de especial vulnerabilidad, entre ellos personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en período de lactancia, víctimas del conflicto armado, habitantes de zonas rurales y estudiantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
La medida convierte la alimentación universitaria en una nueva responsabilidad para las instituciones públicas de educación superior y, por consiguiente, tendrá un impacto presupuestal que deberá ser asumido durante el gobierno entrante.
Es precisamente allí donde aparece uno de los primeros desafíos para la administración de De la Espriella, que ha anunciado una política de austeridad y reducción del gasto público.
La ruptura con ocho representantes de las disidencias
En el escenario de la llamada paz total también hubo movimientos de última hora.
Mediante la Resolución 297 del 3 de agosto, el Gobierno retiró el reconocimiento como representantes en la mesa de diálogo a ocho integrantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, vinculados al sector de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.
La razón expuesta fue la falta de una voluntad real para avanzar en la construcción de paz.
La decisión deja una señal política importante: el gobierno saliente no solamente mantuvo hasta el final su política de negociación con grupos armados, sino que también endureció su posición frente a quienes, según el Ejecutivo, no demostraron compromiso suficiente con el proceso.
La determinación queda ahora en manos de una nueva administración que tendrá que decidir qué hacer con los diálogos, cuáles estructuras conservarán interlocución y qué rumbo tomará la política de paz.
La Amazonía, blindada frente a nuevas explotaciones
Otra de las decisiones que quedará como una de las principales herencias ambientales del gobierno Petro fue la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente delimitó y declaró el bioma amazónico como reserva definitiva de recursos naturales renovables.
La medida cobija, según la información suministrada, 483.283,55 kilómetros cuadrados, equivalentes aproximadamente al 42 % del territorio colombiano.
El efecto político y económico es significativo: la zona queda excluida de nuevas concesiones o autorizaciones para actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.
La decisión convierte la Amazonía en uno de los puntos donde más claramente chocarán dos visiones de país: la protección ambiental promovida por el gobierno saliente y la política económica y energética que deberá definir la administración entrante.
Un nombramiento que atravesará todo el nuevo gobierno
Mientras Petro cerraba las puertas de la Casa de Nariño, también quedaron movimientos en organismos encargados de vigilar las finanzas públicas.
El entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, designó a Simón Gómez, economista y director del Centro Vida, como experto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
El nombramiento tiene una particularidad: el periodo es de cuatro años, por lo que Gómez permanecerá en el cargo durante prácticamente todo el mandato de Abelardo de la Espriella.
El CARF cumple una función estratégica en las finanzas nacionales: analiza las cuentas públicas y realiza seguimiento al cumplimiento de la regla fiscal.
Por eso, la designación adquiere una dimensión política adicional. No se trata simplemente de un nombramiento de último momento, sino de una decisión cuyo horizonte temporal alcanza de lleno al nuevo gobierno.
Nuevas reglas para los pactos colectivos
El cierre laboral también tuvo su propio capítulo.
El Decreto 0992 del 4 de agosto de 2026, expedido a través del Ministerio del Trabajo, estableció nuevos requisitos para el registro de los pactos colectivos que suscriben las empresas con trabajadores no sindicalizados.
La medida busca impedir que estos acuerdos sean utilizados como mecanismos para debilitar la organización sindical y la afiliación de los trabajadores.
Es otro de los asuntos que seguramente generará discusión durante la administración entrante, especialmente por el debate que existe en Colombia alrededor de la libertad sindical, la negociación colectiva y las relaciones laborales.
La transición también alcanzó la diplomacia
El nuevo gobierno comenzó a mover sus propias fichas.
El presidente entrante declaró insubsistentes a varios embajadores designados durante la administración anterior: Vilma Rocío Velásquez Uribe, en Haití; Yennifer Edilma Parra Moscoso, en Turquía; Juan Manuel Corzo Román, en Paraguay; y William Sidney Bush Howard, en Trinidad y Tobago.
El relevo diplomático es una de las primeras señales de que el cambio de gobierno no será únicamente administrativo. También habrá una revisión de los equipos que representan a Colombia en el exterior.
Una administración que termina dejando decisiones pendientes
El último capítulo del gobierno Petro quedó, de esta manera, cargado de decisiones que van mucho más allá de la fecha formal de entrega del poder.
Alimentación universitaria, protección de la Amazonía, reglas laborales, composición de mesas de diálogo y nombramientos en organismos de control fiscal son asuntos que seguirán vigentes cuando la nueva administración empiece a gobernar.
La transición presidencial no significa, entonces, comenzar desde cero.
Petro entrega el poder, pero deja una serie de decisiones que deberán ser administradas, reglamentadas, ejecutadas o eventualmente modificadas por su sucesor.
Y allí aparece el verdadero desafío para Abelardo de la Espriella: gobernar sobre un Estado en el que buena parte de las últimas decisiones del gobierno saliente ya quedaron convertidas en leyes, decretos, resoluciones y nombramientos.
El cambio de presidente puede ocurrir en un día. Cambiar las decisiones del Estado, en cambio, puede tomar años.
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