Tras la anulación de la elección de Ivaldo Torres por parte del Consejo de Estado, el Consejo Superior Universitario se dispone a definir el nuevo proceso de elección. La eventual modificación del Estatuto General genera interrogantes sobre las reglas con las que se escogerá al próximo rector.
La Universidad de Pamplona vuelve a quedar en el centro de una disputa por el control de su rectoría.
La decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Ivaldo Torres Chávez para el periodo 2025-2028 abrió nuevamente el proceso para escoger rector en propiedad, pero también dejó sobre la mesa una pregunta que hoy inquieta a distintos sectores de la comunidad universitaria: ¿quién fijará las nuevas reglas y bajo qué condiciones se realizará la próxima elección?
La Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que el Consejo Superior Universitario no podía elegir a Torres para un tercer periodo consecutivo, debido a que las normas estatutarias permitían una sola reelección. En consecuencia, declaró la nulidad del Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024, mediante el cual había sido designado para el periodo 2025-2028.
El alto tribunal, además, inaplicó por inconstitucional algunas disposiciones internas que habían servido de fundamento para permitir esa nueva elección.
La decisión quedó en firme y obligó a la institución a reiniciar el proceso.
Un nuevo proceso bajo la lupa
Después de la salida de Torres, el Consejo Superior Universitario designó como rectora encargada a Laura Patricia Villamizar Carrillo, mediante el Acuerdo 047 del 31 de julio de 2026, documento que aparece publicado en el portal oficial de la Universidad de Pamplona.
La designación, sin embargo, generó cuestionamientos en sectores de la comunidad universitaria por la trayectoria profesional de Villamizar dentro de la institución y su paso por cargos directivos durante la administración anterior.
El debate no se limita al nombre de la rectora encargada.
También existen interrogantes alrededor de las circunstancias en las que fue adoptada la decisión del 31 de julio, particularmente por la participación del representante de los exrectores, Elio Serrano, quien había sido objeto de recusaciones relacionadas con el proceso de elección.
De acuerdo con los cuestionamientos conocidos, Serrano terminó apartado de aquella sesión del Consejo Superior. El episodio posteriormente fue llevado a la jurisdicción constitucional mediante una acción de tutela, que no prosperó, al considerar los jueces que existían otros mecanismos judiciales para controvertir el asunto.
Ahora, la controversia vuelve a trasladarse al terreno de las reglas electorales.
La reforma al Estatuto que encendió las alarmas
Durante la sesión del Consejo Superior Universitario del 9 de septiembre, según documentos y versiones conocidas en el entorno universitario, fueron planteadas propuestas relacionadas con una eventual reforma al Estatuto General de la Universidad de Pamplona.
Entre los asuntos que generan mayor preocupación se encuentra una posible modificación de las disposiciones que regulan la reelección del rector.
El asunto resulta particularmente sensible por una razón: el Consejo de Estado acaba de anular precisamente la elección de Torres porque el régimen estatutario no permitía un tercer periodo consecutivo.
Por ello, cualquier modificación de esas reglas, antes de iniciar un nuevo proceso de elección, podría cambiar el marco jurídico bajo el cual se determinarán los requisitos y posibilidades de los aspirantes.
Hasta el cierre de esta edición, la Universidad de Pamplona y el Consejo Superior Universitario no habían entregado una explicación pública sobre el alcance concreto de las modificaciones que se estarían estudiando.
Sesión extraordinaria en Cúcuta
El Consejo Superior Universitario tiene prevista para el próximo martes una sesión extraordinaria a las 7:30 de la mañana, en el Club Comercio de Cúcuta, en la que se conocerían, entre otros asuntos, el cronograma para la elección del próximo rector y las propuestas de modificación estatutaria.
Este escenario ha despertado nuevas inquietudes entre quienes consideran que las reglas de la elección deberían quedar plenamente definidas antes de abrirse la convocatoria y que cualquier reforma debe garantizar condiciones de transparencia, igualdad e imparcialidad para todos los eventuales aspirantes.
La Veeduría Prodefensa de la Universidad ha expresado reparos frente a la posibilidad de que una modificación estatutaria termine permitiendo la participación nuevamente de Ivaldo Torres.
Por ahora, esa posibilidad debe ser presentada como un cuestionamiento y no como un hecho consumado, pues será necesario conocer el texto definitivo de la reforma, si finalmente es aprobada, y establecer cuáles serían sus efectos jurídicos sobre el próximo proceso electoral.
¿Quiénes están detrás de las decisiones?
En los pasillos de la Universidad también circulan versiones sobre la existencia de grupos políticos interesados en conservar influencia sobre la institución.
En esas versiones es mencionado el exsenador Alejandro Carlos Chacón, a quien algunos sectores atribuyen cercanía e influencia sobre personas vinculadas con la Universidad de Pamplona.
También son mencionados, en ese contexto, los nombres de Ivaldo Torres, Andrea Chacón y Laura Villamizar.
Sin embargo, hasta el momento no existe en la información pública consultada una decisión judicial que establezca que estas personas estén actuando de manera coordinada para manipular el próximo proceso de elección. Por esa razón, cualquier afirmación en ese sentido debe mantenerse en el terreno de las versiones y ser contrastada con las respuestas de los directamente involucrados.
Una pregunta que exige respuestas
Más allá de los nombres propios, la discusión de fondo es institucional.
Si el Consejo de Estado determinó que el anterior proceso desconoció el límite de reelección establecido en las normas universitarias, el nuevo proceso debería generar especial interés sobre qué estatuto estará vigente al momento de la convocatoria, quién lo modificará, cuándo se modificará y qué efectos tendrá sobre los aspirantes.
También existe una exigencia de transparencia sobre la sesión del 31 de julio: conocer el acta completa, el registro de votación y las razones que llevaron a la separación del representante de los exrectores antes de que se adoptaran decisiones trascendentales sobre la rectoría.
La Universidad de Pamplona tiene ahora la oportunidad de despejar esas dudas con documentos, decisiones públicas y explicaciones claras.
Porque después de una sentencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo que anuló una elección por desconocer las reglas de reelección, cualquier modificación de esas mismas reglas antes de una nueva convocatoria inevitablemente será examinada con lupa por la comunidad universitaria y por la ciudadanía.
La pregunta queda abierta
¿Se trata simplemente de una actualización necesaria del Estatuto General o de una modificación que podría alterar las condiciones de la próxima elección?
La respuesta dependerá del texto definitivo de la reforma, de su justificación jurídica y, sobre todo, de las reglas que finalmente adopte el Consejo Superior Universitario.
Lo que sí está claro es que la elección de rector de la Universidad de Pamplona dejó de ser solamente una disputa por un cargo: se convirtió en una discusión sobre las reglas, la transparencia y la autonomía con las que se administra una de las instituciones públicas más importantes de Norte de Santander.
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