La muerte violenta del exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las autoridades no pueden seguir eludiendo: ¿quién está garantizando la seguridad y la vida de los cucuteños? La ciudadanía necesita resultados, no solamente declaraciones, recompensas y consejos de seguridad sin respuestas verificables.
La capital nortesantandereana vuelve a estremecerse ante un crimen que enluta a una familia y sacude a toda una región. Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la administración del alcalde Jorge Acevedo, fue asesinado mediante un ataque armado ocurrido en el Anillo Vial Occidental, en inmediaciones de la vía hacia El Pórtico.
Según la información conocida, hombres armados interceptaron al exfuncionario cerca de una estación de servicio y le dispararon, para posteriormente escapar del lugar.
Castellanos era una figura conocida en Norte de Santander. Había pertenecido a la Policía Nacional, tuvo una trayectoria deportiva vinculada al Cúcuta Deportivo y desempeñó responsabilidades en la administración municipal. Era hermano del exsenador Jairo Alberto Castellanos y del exarquero profesional Leandro Castellanos.
Su asesinato adquiere especial relevancia por las versiones que circulaban acerca de una eventual aspiración a la Alcaldía de Cúcuta. Sin embargo, corresponderá a las autoridades establecer si existió alguna motivación política o si el homicidio obedeció a otras circunstancias.
¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ CÚCUTA CONTANDO MUERTOS?
El asesinato de Miguel Castellanos no puede analizarse de manera aislada. Se produce en una ciudad que enfrenta graves desafíos de seguridad, presencia de estructuras criminales, homicidios y hechos de violencia que mantienen preocupados a sus habitantes.
¡No es aceptable que la ciudadanía termine acostumbrándose a las noticias de asesinatos como si fueran parte inevitable de la vida cotidiana!
Cada homicidio representa una vida arrebatada, una familia destruida y una nueva exigencia de justicia.
La muerte de un exsecretario de Gobierno demuestra que incluso personas con reconocimiento público y trayectoria institucional pueden convertirse en víctimas de la violencia.
Y surge una pregunta todavía más inquietante: si un exalto funcionario municipal puede ser asesinado en estas circunstancias, ¿qué garantías de protección tienen los comerciantes, transportadores, trabajadores, estudiantes y familias que diariamente recorren las calles de Cúcuta?
ALCALDE JORGE ACEVEDO: LA CIUDADANÍA NECESITA RESPUESTAS, NO EXCUSAS
El alcalde Jorge Acevedo, como primera autoridad de policía del municipio, tiene responsabilidades constitucionales y legales en materia de convivencia, prevención y coordinación de la seguridad ciudadana.
Por eso, frente a la gravedad de los acontecimientos, corresponde formularle públicamente varios interrogantes:
¿Qué resultados concretos ha conseguido su administración en la reducción de homicidios y en la lucha contra las organizaciones criminales?
¿Cuántos consejos de seguridad se han realizado, a cuáles ha asistido personalmente y qué decisiones efectivas se han ejecutado?
¿Qué medidas especiales se han implementado en el Anillo Vial Occidental y en los corredores periféricos donde operan delincuentes armados?
¿Cuál es la inversión real en seguridad, inteligencia, videovigilancia y prevención del delito, y cuáles han sido sus resultados medibles?
Y una pregunta fundamental: ¿por qué los cucuteños siguen reclamando garantías para transitar, trabajar y vivir sin miedo?
Las denuncias sobre presuntas ausencias del alcalde en reuniones de seguridad deben ser aclaradas públicamente, mediante los registros de asistencia y las decisiones adoptadas.
La seguridad no se garantiza únicamente con anuncios, obras públicas o proyectos de infraestructura. También exige liderazgo institucional, presencia territorial, coordinación permanente con la Fuerza Pública y rendición de cuentas.
Los proyectos de ciudad no pueden desplazar la atención urgente que merece la protección de la vida. Los debates sobre endeudamiento municipal, créditos y obras deben acompañarse de una explicación clara sobre las prioridades presupuestales destinadas a enfrentar la criminalidad.
PRESIDENTE ABELARDO DE LA ESPRIELLA: CÚCUTA Y LA FRONTERA NECESITAN UNA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL URGENTE
Tras conocerse el asesinato, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó el crimen y, según el pronunciamiento divulgado, impartió instrucciones a la Policía Nacional para trabajar conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación en la identificación y captura de los responsables.
Esa instrucción constituye una respuesta inicial, pero la gravedad de la situación exige medidas adicionales.
Se requiere la convocatoria urgente de un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta, con participación del Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Gobernación de Norte de Santander y las autoridades municipales.
No basta con investigar un asesinato. Es indispensable fortalecer la capacidad del Estado para prevenir los siguientes.
Cúcuta, su área metropolitana y los municipios fronterizos necesitan una estrategia integral que contemple operaciones contra el sicariato, investigación de estructuras criminales, protección de personas amenazadas, control de corredores estratégicos y cooperación institucional en la frontera colombo-venezolana.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué medidas se adoptarán, quiénes serán responsables de ejecutarlas y en qué plazos deberán presentarse resultados.
¿QUIÉN ORDENÓ EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS Y QUÉ INTERESES PODRÍAN EXISTIR DETRÁS DEL CRIMEN?
La Fiscalía General de la Nación enfrenta el desafío de esclarecer los hechos, identificar a los autores materiales y establecer si existieron determinadores.
Entre los interrogantes que deben orientar la investigación se encuentran:
¿Quiénes participaron en la planificación y ejecución del homicidio?
¿Existían amenazas previas contra Miguel Castellanos?
¿Tenía el crimen alguna relación con sus actividades públicas, personales o políticas?
¿Existieron seguimientos o movimientos sospechosos antes del ataque?
¿Qué información pueden aportar las cámaras de seguridad, los testimonios y los registros de comunicaciones obtenidos legalmente?
Estas preguntas no constituyen acusaciones contra personas determinadas ni permiten anticipar una hipótesis criminal sin pruebas.
La investigación debe llegar hasta quienes ordenaron el asesinato, si se demuestra que existieron autores intelectuales, y no detenerse únicamente en los responsables de disparar.
LA VIDA DE LOS CUCUTEÑOS DEBE ESTAR POR ENCIMA DE CUALQUIER INTERÉS POLÍTICO
La seguridad de Cúcuta no puede convertirse en un asunto secundario ni en un escenario de confrontaciones institucionales.
El Gobierno Nacional tiene el deber de dirigir la política de seguridad y disponer las capacidades de las autoridades nacionales. La administración municipal, por su parte, debe ejercer sus competencias de prevención, coordinación y gestión territorial.
Ninguna autoridad puede trasladar indefinidamente toda la responsabilidad a otra institución.
Cúcuta no necesita una nueva cadena de discursos de condolencias. Necesita investigaciones eficaces, prevención, protección ciudadana y resultados comprobables.
El asesinato de Miguel Castellanos debe marcar un punto de inflexión en la respuesta institucional frente a la violencia.
Desde este espacio periodístico exigimos el esclarecimiento del crimen, garantías para los familiares de la víctima y una respuesta coordinada y transparente de todas las autoridades.
Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, especialmente a sus hermanos Jairo Alberto y Leandro Castellanos.
¡NI UN ASESINATO MÁS EN LA IMPUNIDAD! ¡CÚCUTA MERECE VIVIR SIN MIEDO!
La pregunta que hoy deben responder el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cúcuta es concreta: ¿qué van a hacer, desde cuándo y con qué resultados verificables para proteger la vida de los ciudadanos?
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