Pretensiones por casi $5 billones ponen en aprietos a la administración de Federico Gutiérrez; el Distrito se defiende, depura procesos y recupera bienes públicos.
La Alcaldía de Medellín enfrenta una bomba jurídica de tiempo. Si tuviera que pagar la totalidad de las pretensiones por las más de 8.000 demandas vigentes en su contra, perdería casi la mitad de su presupuesto para 2025, que asciende a $10,9 billones. El monto de las reclamaciones judiciales supera los $4,92 billones, una cifra que encendió las alarmas desde el primer día de gobierno de Federico Gutiérrez, cuando las pretensiones superaban incluso los $8 billones.
El secretario General del Distrito, Sebastián Gómez, lideró una estrategia para reducir el riesgo fiscal. En primer lugar, la administración logró una depuración importante: pasó de 11.000 procesos activos a 8.000, solicitando la acumulación de causas ante el Consejo de Estado —en especial, reclamaciones del magisterio— y optando en otros casos por conciliaciones o sentencias anticipadas cuando el panorama judicial era adverso.
“Cuando llegué no sabía qué sentencia había que pagar. Me tocó reconstruir todo desde cero y notifiqué a la Procuraduría”, relató Gómez, quien halló más de 50 sentencias sin ejecutar por más de $12.000 millones, algunas con más de un año de atraso. Desde entonces, se impuso la regla de pagar en máximo tres meses luego del fallo.
Procesos emblemáticos y condenas recientes
Uno de los casos más sensibles es el de la psicóloga Márjorie Kísner, asesinada en diciembre de 2008 por un postpenado mientras trabajaba en un programa institucional. El fallo condenatorio por omisión de garantías demoró años en ejecutarse. Otro escándalo fue la demanda del Metro de Medellín por $160.000 millones, consecuencia de la falta de desembolsos del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) durante la administración de Daniel Quintero.
Además, el pasado 7 de junio, el Juzgado 17 Administrativo de Medellín ordenó indemnizar con más de $66.000 millones a los comerciantes del bloque Las Malvinas de la Central Mayorista, afectados por un incendio en 2017. El Distrito deberá asumir el 70% de la condena. La Alcaldía ya apeló el fallo.
¿De qué son las demandas?
La mayoría de los procesos contra el Distrito son acciones contra actos administrativos. Representan el 91% del total de demandas y el 70,7% del valor económico reclamado ($3,47 billones). Le siguen los litigios contractuales y ejecutivos (364 procesos por $1,4 billones) y los laborales (337 procesos por $18.318 millones).
Muchas demandas corresponden a reparaciones directas por fallas en la prestación del servicio, incluidas:
Accidentes por huecos o aceras deterioradas (más de 40 casos activos, con pretensiones cercanas a $25.000 millones).
Procesos por fotomultas mal notificadas o sanciones por embriaguez, en los que los conductores argumentan violaciones al debido proceso.
Reclamaciones por cobros presuntamente indebidos de impuestos como el predial o el de industria y comercio.
Según Gómez, en demandas por accidentes en la vía, no se concilia a menos que se pruebe que el Distrito tenía conocimiento del daño y que este fue la causa directa del accidente. "No basta con que haya un hueco; debe probarse que ese fue el motivo del accidente", aclara.
Defensa activa: ahora también se demandan
Pese a los múltiples frentes de defensa, la Alcaldía también ha comenzado a demandar a terceros cuando se ve afectado el interés ciudadano. Un ejemplo claro es la acción judicial de EPM contra el Ministerio de Minas, que permitió embargar $83.309 millones por subsidios de servicios públicos pendientes. Casos similares han sido promovidos por Afinia y otras filiales de EPM, con deudas acumuladas de $1,25 billones hasta diciembre de 2023.
Recuperación de bienes fiscales: otra batalla jurídica
El Distrito también ha recuperado bienes invadidos o en posesión de terceros. Se destacan tres logros:
Parque de Los Tobón (La América): invadido por más de 20 años, será la sede del nuevo CAI de La América.
Terreno de 10.000 m² en La Asomadera: utilizado como parqueadero; se investiga posible presencia de grupos ilegales.
Predio en el Cerro de Las Tres Cruces (comuna 16): ya recuperado.
Medellín administra cerca de 3.000 bienes fiscales, muchos en estado de ocupación irregular, y estos procesos también implican un importante desgaste legal.
El caso Space y otros edificios "enfermos"
A más de una década de la tragedia del edificio Space —que dejó 12 muertos en 2013—, el Consejo de Estado condenó al Distrito a pagar $11.000 millones, equivalentes al 25 % de los $30.891 millones reconocidos en total. La Alcaldía pagó el pasado 30 de mayo. Existen demandas similares por Continental Towers, Bernavento, Asensi y otros edificios en Calasanz, con pretensiones acumuladas cercanas a los $200.000 millones.
Un balance con luces y sombras
A pesar de la pesada carga judicial, el Distrito ha logrado mejorar sus indicadores. La tasa de éxito en procesos subió al 90%, lo que significa que por cada 10 demandas, el Distrito gana 9. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo y de alto riesgo fiscal.
“Nuestro deber es cuidar los recursos públicos. Si la evidencia es clara, conciliamos para evitar desgastes y mayores pérdidas. Pero no se trata de ceder en todo”, puntualizó Gómez.
A diario, la Alcaldía recibe hasta 10 tutelas, lo que muestra la presión constante del aparato judicial sobre el gobierno local. El desafío para la administración de Federico Gutiérrez será mantener esta tasa de éxito, continuar depurando procesos y no permitir que la justicia se convierta en el mayor rubro del presupuesto público.
0 Comentarios