Por Redacción Judicial
Cúcuta — La cifra de homicidios en la capital de Norte de Santander superó los 365 casos registrados en 2024, reflejando una escalada de violencia que no da tregua y que deja al descubierto la debilidad institucional para esclarecer los crímenes.
Fuentes judiciales confirmaron que el bajo nivel de esclarecimiento de los asesinatos es uno de los factores más determinantes en la actual crisis de seguridad. Mientras los homicidios aumentan, las investigaciones permanecen estancadas en los despachos de fiscales y jueces que, literalmente, no dan abasto.
Colapso en el sistema judicial
Desde la seccional Norte de Santander de Asonal Judicial, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la Rama Judicial, reconocieron que la congestión en los despachos es alarmante:
“Actualmente existe una congestión importante en las diferentes instancias. Hay jueces y fiscales que pueden tener a su cargo más de 3.500 procesos pendientes”, advirtió un vocero de la organización.
La sobrecarga laboral se combina con la escasez de defensores públicos y el recorte presupuestal anunciado para 2026, estimado en más de 74.000 millones de pesos, lo que —según advierten los funcionarios— “va a suponer un impacto significativo en todo el sistema”.
“Teníamos la expectativa de ampliar la planta de personal, pero ese recorte va a agudizar las dificultades. Lejos de mejorar, la justicia va a enfrentar un panorama aún más complejo”, añadió la fuente.
Una violencia multifactorial y difícil de abordar
Aunque el departamento cuenta con la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) —una unidad especial integrada por investigadores de la Fiscalía y la Policía Judicial—, su capacidad resulta insuficiente ante la magnitud del fenómeno criminal.
La convergencia de múltiples estructuras delictivas en un mismo territorio hace casi imposible la labor de investigación.
“Pasa de todo y converge todo: intolerancia, crimen organizado, disputas por el microtráfico, extorsión. Son muchas situaciones, y la mayoría de los últimos casos son asesinatos por encargo”, explicó un funcionario de la justicia regional.
Además, el redireccionamiento de investigadores hacia labores de vigilancia en conciertos, estadios o estaciones de Policía limita los esfuerzos para avanzar en la resolución de los homicidios.
El miedo: un obstáculo para la verdad
Uno de los mayores retos que enfrentan las autoridades es la falta de colaboración ciudadana por miedo a represalias.
“Cuando vamos a las inspecciones, la gente no quiere hablar. Hay mucho temor en la ciudadanía”, señaló el vocero de Asonal, quien agregó que “si tuviéramos apoyo con videos, testimonios o información directa, podríamos avanzar más rápido en las investigaciones”.
Ese silencio forzado por el miedo deja a las autoridades sin testigos ni pruebas sólidas, dificultando el acceso a la evidencia y alimentando un círculo de impunidad que termina fortaleciendo a los grupos delincuenciales.
Una frontera porosa que favorece la impunidad
Otros delitos que saturan el sistema
El hurto, el microtráfico, la violencia intrafamiliar, los accidentes de tránsito y los casos de inasistencia alimentaria por desempleo también figuran entre los delitos que más congestionan los despachos judiciales.
“Todos estos delitos impactan de manera importante el sistema y desbordan la capacidad operativa de fiscales, jueces y defensores”, advirtió Asonal.
Una justicia al borde del colapso
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