Diez meses después del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, los efectos de la crisis humanitaria siguen golpeando a las comunidades de esta región y, según líderes locales, las acciones del Gobierno Nacional aún no logran frenar la expansión de la violencia ni atender de forma integral la emergencia.
Así quedó en evidencia durante la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional el pasado martes, un espacio de nueve horas en el que ministros, directores nacionales, autoridades regionales, gobernantes locales y víctimas expusieron lo ocurrido en los últimos 300 días y los avances —y vacíos— en la respuesta institucional.
“La crisis ya no es solo del Catatumbo, es de todo el departamento”
Yudith García y Lina Marcela Mostacilla, voceras de la Mesa de Víctimas de Norte de Santander, advirtieron que el conflicto ya desbordó la subregión del Catatumbo, debido al desplazamiento de los grupos armados ilegales hacia otros municipios. El incremento de homicidios, producto de la confrontación entre las disidencias del Frente 33 de las Farc y el ELN, y los riesgos de reclutamiento forzado, mantienen bajo amenaza a las familias rurales.
Las lideresas insistieron en la necesidad de mayor oferta recreativa, educativa y de emprendimiento para los jóvenes, como herramienta para prevenir su vinculación a estructuras criminales.
Baja ejecución presupuestal: otro golpe a la confianza
Uno de los señalamientos más fuertes vino del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien cuestionó la baja ejecución de los recursos asignados mediante el decreto de Estado de Conmoción Interior.
De los 2,78 billones de pesos destinados al Catatumbo, entre enero y octubre solo se ejecutó cerca del 50 %. En ese periodo, se firmaron 22.473 contratos por $1,94 billones, pero apenas 55 contratos, por $24.657 millones, estuvieron directamente relacionados con la atención de la crisis humanitaria.
Rodríguez anunció la creación del Tablero de Control Catatumbo, una herramienta digital para vigilar la inversión y facilitar el seguimiento fiscal de los recursos.
Defensoría del Pueblo: presencia estatal limitada y control territorial ilegal
La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática: la crisis persiste y requiere una respuesta de alto nivel, coordinada y con enfoque de prevención, protección y atención. Denunció que la población civil continúa atrapada entre los grupos armados, sometida al miedo y sin garantías de movilidad, pues en muchas zonas la presencia de la Fuerza Pública es limitada y los actores ilegales imponen sus reglas.
La Defensoría recomendó al Estado retomar los diálogos con los grupos armados e insistir en el respeto al Derecho Internacional Humanitario como vía para promover el desescalamiento. Además, alertó sobre la llegada de nuevas estructuras ilegales desde otros departamentos, lo que agudiza el riesgo para las comunidades.
Advertencias desde la implementación del Acuerdo de Paz
Durante la audiencia, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, advirtió sobre las “consecuencias funestas” que podría generar una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela, dadas las dinámicas fronterizas que afectan directamente al Catatumbo.
Cuartas pidió acelerar la reubicación de los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en la región y fortalecer el control por parte de la Fuerza Pública, para evitar que sigan siendo blanco de amenazas o hechos violentos.
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