La senadora del Centro Democrático y actual candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad, FonIgualdad, al revelar que esta entidad habría destinado $70.582 millones a cuatro contratos suscritos con la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S., para la vinculación de más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, periodo que coincide con el calendario electoral.
De acuerdo con la congresista, los contratos tuvieron como objeto el suministro de personal temporal para distintos programas del Ministerio de la Igualdad, destacándose la contratación de 3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz, 158 para el Sistema de Violencia Basada en Género, además de un número indeterminado de trabajadores para la gestión operativa del Fondo y para el programa Agua es Vida.
Valencia también reveló que, a corte de noviembre de 2025, el Ministerio de la Igualdad contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios, sin que ninguno perteneciera a carrera administrativa o a planta. Adicionalmente, entre 2024 y 2025, FonIgualdad habría vinculado 308 contratistas adicionales, pese a que estos cumplirían funciones que corresponden directamente al Ministerio, configurando —según la senadora— una duplicidad institucional injustificada.
Como si la tercerización de la nómina no fuera suficiente, la candidata presidencial denunció que el Fondo adscrito al Ministerio de la Igualdad asumió también la contratación de dos operadores logísticos para la realización de eventos, por un monto que asciende a $68.949 millones, pese a que esta función corresponde legalmente a la cartera ministerial.
Según Valencia, esta maniobra tendría como finalidad eludir la Ley 80 de contratación pública, al celebrarse los contratos a través del Fondo y no directamente por el Ministerio. “Para evadir la Ley 80 y poder contratar a dedo, los contratos no los firmó MinIgualdad, sino el Fondo”, aseguró. Esta estrategia habría permitido contratar por derecho privado y sin procesos de licitación, con millonarios recursos públicos.
La senadora advirtió además que en el SECOP no reposan facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos cuestionados. Agregó que solo hasta diciembre del año pasado comenzaron a publicarse algunos contratos, luego de que ella denunciara en el Congreso que FonIgualdad llevaba dos años funcionando sin publicar información contractual.
Las denuncias se suman a cuestionamientos previos hechos por la representante Catherine Juvinao, quien en diciembre pasado interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el ministro de la Igualdad, Juan Fernando Florián, por presuntas faltas graves como servidor público. Juvinao aseguró que el ministro habría mentido sobre el nivel de ejecución presupuestal, afirmando que era del 46 %, cuando en realidad —según los registros— apenas alcanzaría el 7 %.
Este nuevo capítulo se enmarca en una serie de controversias que han rodeado al Ministerio de la Igualdad. Hace menos de un mes, este medio reveló los insultos proferidos por el entonces viceministro Dumar Guevara contra Andrea Petro y Mary Luz Herrán, situación que derivó en su destitución. Guevara también estaría implicado en presuntas irregularidades relacionadas con un contrato superior a $55.000 millones firmado con FonIgualdad.
Todo esto ocurre en medio del debate en el Congreso sobre el futuro del Ministerio de la Igualdad, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible su creación, otorgando un plazo hasta el próximo año para subsanar el proyecto y presentarlo nuevamente. Sin embargo, según consultas realizadas a congresistas de distintas bancadas y a funcionarios del propio Gobierno, no existiría un ambiente favorable para que la iniciativa prospere.
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