Alcalde de Medellín denuncia falta de garantías para la oposición y plantea cooperación internacional en seguridad
En un hecho sin precedentes recientes, el alcalde del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó públicamente la intervención del FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos) en la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
La solicitud se produjo en el marco de una gira que el mandatario local realizó por Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con altos representantes de agencias de seguridad como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Estado y el propio FBI. Fue tras una de esas reuniones, en Miami, que Gutiérrez escribió en su cuenta de X (antes Twitter):
“Acabo de terminar el encuentro con FBI en Miami. Ellos podrían colaborar en exclarecer (sic) el intento de asesinado en contra de Miguel Uribe, por quien seguimos orando”.
El alcalde también lanzó una crítica directa al Gobierno nacional por su supuesta falta de acción ante la situación:
“El Gobierno colombiano debería solicitar esa intervención. Ojalá Petro lo haga”, escribió, reafirmando su preocupación por la seguridad de quienes, como él, se declaran en la oposición.
Gutiérrez aseguró que en su reunión con el FBI también se abordaron temas relacionados con el incremento del narcotráfico y la violencia en Colombia, fenómenos que —según dijo— mantienen en alerta a las agencias estadounidenses.
El alcalde regresará a Medellín tras un periplo que inició el pasado 4 de junio y cuyo objetivo central era gestionar alianzas internacionales para combatir la explotación sexual y comercial de menores de edad, una problemática crítica en la capital antioqueña.
Efecto político: tensiones y simbolismo en la era Petro
La solicitud de Federico Gutiérrez representa más que un simple gesto diplomático. En términos políticos, es una jugada que eleva el tono del conflicto entre el Ejecutivo y sectores de la oposición, al sugerir que las instituciones colombianas no ofrecen suficientes garantías ni efectividad frente a amenazas de violencia política.
Al plantear la intervención de una agencia extranjera como el FBI en un caso de esta magnitud, Gutiérrez lanza un mensaje implícito de desconfianza hacia los organismos nacionales encargados de la seguridad y la justicia, y pone al presidente Gustavo Petro en el centro del debate.
Analistas señalan que este movimiento también puede leerse como una estrategia para posicionarse como figura de liderazgo de la oposición y reforzar la narrativa de que en Colombia se está gestando un ambiente de hostigamiento político, especialmente contra quienes contradicen al Gobierno.
En ese contexto, la propuesta de cooperación internacional en temas de seguridad puede despertar resistencias institucionales, pero también reabrir el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a figuras públicas en campaña, así como sobre la autonomía de las investigaciones judiciales.
Mientras tanto, el atentado contra Miguel Uribe sigue generando reacciones y los ojos del país están puestos en la capacidad de las autoridades colombianas —y quizá extranjeras— de esclarecer los hechos con celeridad y transparencia.
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