Nueve partidos rechazan hostigamientos del Ejecutivo y piden garantías políticas; Eljach anuncia vigilancia para proteger la vida e integridad de dirigentes.
En medio de un clima político cada vez más enrarecido y tras el atentado sufrido el fin de semana por el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, del partido Centro Democrático, nueve partidos de oposición e independientes reclamaron nuevamente garantías para el ejercicio de sus funciones políticas y solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación como mediadora ante el Gobierno nacional.
La tensión se expresó con claridad durante un encuentro celebrado con el procurador general, Gregorio Eljach, quien aceptó asumir el papel de “gestor y garante” para promover un clima de armonía y respeto entre las partes. “La Procuraduría estará vigilante para que se atiendan los requerimientos que garanticen la integridad y la vida de los dirigentes políticos”, aseguró el jefe del Ministerio Público.
El diálogo tuvo lugar en el marco de la Comisión de Vigilancia para los Asuntos Electorales, una dependencia interna del ente de control. A la cita asistieron los jefes del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Liberal, el Partido de la U, el Movimiento Mira, la ASI, Colombia Justa Libres y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Las colectividades acudieron al llamado del procurador tras declinar su participación en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral que había convocado el presidente Gustavo Petro.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue la solicitud de que el Gobierno Nacional disponga de un plan de emergencia para reforzar la seguridad de los líderes políticos. “El reforzamiento de la seguridad es importante. Tenemos que hacer el compromiso de que se desescale ese lenguaje ofensivo desde la Casa de Nariño, para poder tener unas elecciones tranquilas”, señaló el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador.
El bloque de partidos cuestionó lo que califican como un “ambiente hostil” promovido por el Ejecutivo a través de discursos estigmatizantes y ataques verbales contra la oposición. Denunciaron que tales prácticas generan un terreno fértil para la violencia y dificultan un debate democrático sano.
Frente a las acusaciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció la necesidad de distender los ánimos. “Estamos dispuestos a hablar con ellos, a bajar el tono, a concretar unas reglas mínimas, para que no termine pasando lo que quieren los violentos: que nos terminemos matando entre nosotros”, expresó el funcionario.
Aunque las diferencias persisten, la intervención del Ministerio Público abre una posibilidad de acercamiento. El papel de mediación que asume la Procuraduría será clave en las próximas semanas, cuando el país se adentra en un nuevo ciclo electoral y aumentan las tensiones entre los actores políticos.
La expectativa ahora recae en los gestos y acciones concretas del Gobierno y en la disposición de los partidos para encauzar sus diferencias por la vía del diálogo, con el propósito de garantizar una contienda electoral segura, libre y en paz.
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