Bogotá, 12 de junio de 2025 – En un acto cargado de simbolismo y controversia, el presidente Gustavo Petro firmó este miércoles, desde su despacho en la Casa de Nariño y con la histórica bandera de “Guerra a muerte” de Simón Bolívar en su escritorio, el decreto que convoca a una consulta popular. La imagen, difundida por el propio mandatario en sus redes sociales, fue posteriormente borrada, pero no antes de encender el debate político y jurídico en todo el país.
La firma del decreto ocurre en un contexto de creciente violencia: solo en las últimas 24 horas se han registrado 25 atentados en el Valle del Cauca y Cauca, con saldo de cuatro policías muertos. Además, el país sigue conmocionado por el atentado del pasado sábado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos tras recibir disparos en la cabeza y una pierna.
Pese a este panorama, y a que el Senado rechazó la convocatoria a la consulta el pasado 14 de mayo con 49 votos por el NO frente a 47 por el SÍ, el presidente firmó el decreto alegando que dicha votación fue fraudulenta. Según el Ejecutivo, la Ley 1757 de 2015 lo faculta para actuar debido a un supuesto vencimiento de plazos sin pronunciamiento legislativo. Sin embargo, juristas y analistas independientes coinciden en que el Senado sí se pronunció y que no hay vacío normativo que habilite al presidente para convocar la consulta por decreto.
Otra de las justificaciones del mandatario es un fallo del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá que ordenó tramitar una apelación de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico. No obstante, la Presidencia del Senado aclaró que esa apelación ya había sido resuelta, y que el fallo no tiene efectos sobre la votación negativa en la plenaria.
Además, Petro denunció que el presidente del Senado “cerró el Congreso” para impedir la aprobación de la reforma laboral antes del vencimiento del plazo legal para emitir el decreto. Afirmación que fue desmentida por congresistas que consideran improcedente condicionar una consulta popular al trámite de una reforma legislativa.
Institucionalidad bajo presión
La firma del decreto ha despertado serias preocupaciones sobre la ruptura del equilibrio de poderes. La Registraduría, dirigida por Germán Córdoba Penagos, aún no ha confirmado si ejecutará el proceso, a la espera de lo que definan la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, que podrían frenar el proceso.
Entretanto, congresistas de oposición y del espectro independiente han interpuesto acciones legales. Una tutela ante el Consejo de Estado busca suspender el decreto. Para Julio César Triana, de Cambio Radical, “inicia la dictadura de Gustavo Petro”, mientras que Christian Garcés, del Centro Democrático, anunció acciones penales por prevaricato contra los ministros que firmaron el acto. “Nadie puede pisotear la democracia impunemente”, advirtió.
El representante Hernán Cadavid calificó el decreto como “ilegal, chantajista y extorsionista”, y confió en que la Corte Constitucional actuará con firmeza para frenar lo que consideró “un nuevo desafío institucional”.
La voz de las ONG: alerta sobre autoritarismo
Miguel Uribe: “Es un autogolpe de Estado”
El mensaje fue replicado por numerosos líderes políticos y ciudadanos preocupados por lo que consideran un giro autoritario del Ejecutivo.
¿Qué sigue?
La pelota está ahora en la cancha de las altas cortes. El país espera la intervención del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, mientras aumentan las voces que piden frenar la polarización y construir consensos en medio de la violencia y la desconfianza institucional.
La democracia colombiana, una vez más, se encuentra a prueba. Y esta vez, el reloj institucional corre contra las decisiones de un presidente decidido a avanzar, incluso en solitario.
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