Por Redacción Judicial
En un fallo sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al exgobernador del Magdalena y líder del movimiento Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, como víctima directa del conflicto armado colombiano. La decisión, contenida en el Auto OPV 677 del 18 de junio de 2025, se enmarca en el Caso 08 – Subcaso Gran Magdalena, que investiga crímenes perpetrados por agentes estatales, grupos paramilitares y terceros civiles en esa región del país.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas concluyó que Caicedo fue objeto de una persecución sistemática por razones políticas, jurídicas y mediáticas, lo que constituye una forma de exclusión política estructural. Según el tribunal transicional, estos hechos “no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia concertada de aniquilamiento político”, razón por la cual fue acreditado como “interviniente especial” en el proceso.
El tribunal advirtió que la eliminación de opositores en Colombia “no solo se ejecuta mediante violencia armada directa, sino también a través de formas más sutiles, pero igualmente destructivas, como el hostigamiento judicial, la difamación y la destrucción reputacional”. Esta interpretación amplía el alcance de la justicia transicional al reconocer manifestaciones de violencia política tradicionalmente ignoradas por los mecanismos judiciales.
Montajes, falsos testigos y campañas de desprestigio
De acuerdo con los hallazgos de la JEP, Carlos Caicedo fue víctima de montajes judiciales, campañas sistemáticas de estigmatización y uso de testigos falsos, especialmente durante su periodo como rector de la Universidad del Magdalena (1997–2006), cuando lideró procesos de transparencia institucional y denunció redes de corrupción asociadas con el paramilitarismo.
La Sala valoró un conjunto de pruebas documentales, testimoniales y decisiones judiciales previas, como la sentencia de Justicia y Paz de 2018, que desvirtuó acusaciones en su contra y reveló un entramado criminal que buscaba neutralizar su liderazgo mediante pagos a testigos falsos, con participación de sectores políticos regionales. Asimismo, tuvo en cuenta decisiones de la Fiscalía General que, en 2023, archivó varias investigaciones al no encontrar mérito jurídico en los señalamientos contra el exmandatario.
“Una verdad que marca un hito en Colombia”
“Mi caso es el reflejo del sufrimiento de centenares de colombianos que han sido perseguidos con ayuda de un aparato judicial manipulado por intereses oscuros. Durante más de dos décadas enfrenté una persecución que dejó cicatrices imborrables en mi vida pública y personal. La decisión de la JEP marca un precedente. Envía un mensaje claro: la verdad siempre prevalece”, declaró Caicedo tras conocerse la decisión.
El fallo establece un hito en la jurisprudencia de la justicia transicional colombiana al considerar que delitos como la injuria y la calumnia, cuando hacen parte de una estrategia sistemática de persecución, pueden constituir formas de macrocriminalidad. En esa línea, la JEP sostiene que este tipo de violencia debe ser investigada y sancionada cuando se articula con alianzas entre actores estatales, estructuras ilegales y sectores políticos corruptos.
Reconocimiento que fortalece la democracia
Con esta decisión, Caicedo adquiere la calidad de víctima interviniente en todas las salas de la JEP, lo que le otorga facultades procesales para incidir directamente en el desarrollo del proceso, incluyendo la construcción colectiva de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La acreditación del líder de Fuerza Ciudadana no solo reivindica a un actor político que ha enfrentado numerosas batallas judiciales y mediáticas, sino que también abre la puerta para que otras víctimas de persecución política, judicial o informativa puedan acudir al sistema transicional en busca de verdad y justicia.
La decisión de la JEP envía, además, un mensaje contundente: el uso instrumental del sistema judicial y de los medios de comunicación como herramientas de guerra política no puede seguir siendo tolerado. “Deja claro que ninguna forma de persecución debe quedar impune, y que la democracia sólo puede fortalecerse si se garantizan los derechos, la honra y la participación de todas las voces, incluyendo aquellas que se atreven a desafiar los poderes tradicionales”, concluyó el tribunal.
0 Comentarios