Por Redacción Política
En un hecho que eleva la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, Alfredo Saade, jefe del despacho del presidente Gustavo Petro, confirmó que el gobierno estadounidense ha cancelado las visas de ingreso a ese país de varios funcionarios colombianos, entre ellos antiguos integrantes del grupo guerrillero M-19, desmovilizado y amnistiado en 1990.
“Tengo entendido que iniciaron un proceso en contra de algunas personas que han sido parte del grupo M-19, que legalmente pasó a la vida civil y que hizo parte de la creación de la Constitución de Colombia”, señaló Saade en declaraciones entregadas a medios, en las que evitó revelar los nombres de los afectados. La medida, según indicó, se da tras el llamado a consultas del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, un gesto poco habitual que refleja el deterioro en el clima diplomático entre ambos países.
Aunque no hay confirmación oficial por parte del gobierno norteamericano, la decisión ha generado un amplio revuelo político en Colombia, dado que podría involucrar a figuras claves del actual gobierno vinculadas históricamente al M-19, como el propio presidente Petro o el canciller Álvaro Leyva, quienes han hecho parte del tránsito del grupo insurgente a la vida democrática en la década de los 90.
Uno de los funcionarios que se pronunció de inmediato fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien criticó con dureza el sistema de cancelación de visas por parte de Estados Unidos. “El procedimiento de las visas de Estados Unidos no es serio”, afirmó. Benedetti reveló que ha sido objeto de estas medidas en dos ocasiones: la primera en noviembre de 2017, presuntamente por su enfrentamiento público con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, y la segunda en junio de 2023, a raíz de una disputa con el canciller Álvaro Leyva por el “mal uso del pasaporte”. En ambos casos, dijo, los implicados se habrían vanagloriado de haber influido en la decisión de la embajada.
“He sido víctima de los juegos de las visas”, sostuvo Benedetti, quien calificó como poco transparente el manejo diplomático en este tipo de decisiones unilaterales. Sin embargo, desde la Presidencia, Saade se mostró más conciliador y aseguró que “las decisiones que toman los gobiernos autónomos deben respetarse”.
Este nuevo capítulo de fricciones se suma a otros episodios de distanciamiento entre Washington y Bogotá, en medio de críticas del presidente Petro al modelo económico norteamericano, a su política frente al conflicto en Gaza y a la lucha antidrogas. La administración Biden, por su parte, ha evitado pronunciarse directamente sobre las controversias, pero mantiene un tono reservado y atento al rumbo político del país andino.
El caso revive un viejo debate sobre el alcance del poder diplomático de Estados Unidos y su influencia en los asuntos internos de otras naciones, especialmente cuando se trata de funcionarios electos o figuras públicas que, como en el caso colombiano, tienen un pasado político complejo, pero también un papel activo en la construcción de la paz.
Mientras tanto, el país sigue a la expectativa de conocer quiénes son los funcionarios afectados y cuál será el impacto real de esta decisión en la agenda bilateral y en la estabilidad interna del gobierno Petro.
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