El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica en torno a la libertad de prensa en Colombia. Durante un consejo de ministros transmitido en directo el pasado 15 de marzo, el mandatario ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Julián Molina, dar inicio inmediato a la licitación del Canal 1, pese a que la concesión otorgada a Plural Comunicaciones está vigente hasta el año 2037.
“El ministro tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1. Una nueva forma de manejar la televisión. Que no es del gobierno pero tampoco del potentado económico. Debe ser de las juventudes, de la gente de la cultura, del arte. Y esa es una orden ya, ministro, porque ojo ahí ya hay incluso irregularidades”, dijo Petro frente a millones de televidentes.
Un canal con inversión privada y pluralidad informativa
El Canal 1 fue adjudicado en 2017 a Plural Comunicaciones con una inversión superior a los 117.000 millones de pesos. Desde entonces, la señal ha construido una parrilla diversa en la que confluyen programas informativos, de análisis y entretenimiento.
Entre ellos se destacan Noticentro 1, con emisiones desde las regiones y su bloque central en horario nocturno; el magazín Lo Sé Todo; las investigaciones de La Silla Vacía; espacios de debate como La Polémica; contenidos radiales adaptados a televisión como La Luciérnaga y W Sin Carreta; además de Mesa Central de El Colombiano y el pódcast Acento, dirigido por Cristian Verbel, director de La Opinión.
Estos contenidos han dado cabida a voces diversas y a análisis políticos incómodos para el Gobierno, en un ecosistema mediático donde la televisión abierta cuenta con pocos espacios plurales e independientes.
Señalamientos de “expropiación disfrazada”
La instrucción presidencial ha sido interpretada por sectores de la prensa y la oposición como una forma de “expropiación disfrazada” que amenaza la independencia informativa. Para críticos, no se trata de un mero acto administrativo, sino de un intento directo por tomar control de un canal que ha mantenido líneas editoriales críticas frente al poder.
La decisión genera inquietud en torno al respeto por la libertad de prensa, principio protegido por la Constitución, y que en Colombia ha sido reiteradamente defendido por organismos como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Expectativa por reacciones
Se espera que en las próximas horas la FLIP y otras organizaciones nacionales e internacionales se pronuncien frente a lo que varios analistas consideran un golpe directo a la prensa libre.
Mientras tanto, el futuro del Canal 1 queda en medio de la controversia: entre la orden de licitación presidencial y la defensa de un espacio mediático que, con su pluralidad de voces, se ha convertido en uno de los últimos bastiones de la televisión abierta independiente en Colombia.
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