El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó con contundencia el secuestro de 45 soldados que permanecen en poder de una comunidad en el municipio de El Tambo, Cauca, tras una asonada registrada este domingo en la vereda Los Tigres. En un primer momento, la retención masiva alcanzó a 72 uniformados, de los cuales 27 ya fueron liberados.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, unas 600 personas habrían participado en los delitos de secuestro y obstrucción de la función pública, acciones que, según el Gobierno, fueron promovidas por las disidencias del autodenominado “cártel del narcotráfico de alias Mordisco”.
“¡No puede suceder esto con quienes protegen a Colombia! Es un grave delito cometido tanto por quienes participan directamente en la retención como por las disidencias de alias Mordisco que amenazan a la población. Esto constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe y será buscado por toda la justicia internacional”, señaló Sánchez a través de un comunicado oficial.
Operación militar y presión de grupos ilegales
Los hechos se presentaron mientras tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 desarrollaban labores constitucionales en el marco de la Operación Perseo II, desplegada en el estratégico y conflictivo Cañón del Micay, una región marcada por la presencia de estructuras armadas dedicadas al narcotráfico.
De acuerdo con información preliminar del Ejército, integrantes de la estructura criminal Carlos Patiño instrumentalizaron a la población civil para bloquear el avance de las tropas y oponerse a las acciones de la fuerza pública. Esto derivó en la retención de tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados.
Canales de diálogo y búsqueda de liberación
Las autoridades confirmaron que se han establecido canales de comunicación con líderes comunitarios para mediar en la crisis y garantizar la liberación inmediata de los 45 militares que aún permanecen privados de la libertad.
El ministro Sánchez aseguró que, de la mano con la comunidad, se avanza en la identificación de las personas que participaron en la acción delictiva, con el propósito de individualizarlas y llevarlas ante la justicia.
El Gobierno reiteró que la retención de militares constituye un delito grave y advirtió que no habrá impunidad frente a los responsables materiales e intelectuales de este hecho que ha puesto en tensión al departamento del Cauca y al país entero.
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