Una deuda moral que se mide en miles de millones
El nivel de hacinamiento en las estaciones de policía de Medellín: 150% en promedio. En algunos casos, supera el
210%. Foto cortesia
El hacinamiento en las estaciones de Policía de Medellín se ha convertido en una tragedia doble: humanitaria y fiscal.
Lo que comenzó como una medida transitoria terminó por convertirse en una vergüenza estructural que vulnera derechos humanos y consume una porción alarmante del presupuesto público.
Cifra clave:
$96.000 millones anuales —equivalentes a $8.000 millones mensuales— destina Medellín a la manutención de sindicados en estaciones de Policía.
Ese dinero alcanzaría para construir tres instituciones educativas al año.
El costo de la improvisación
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Distrital, el municipio invierte entre $5 y $6 millones mensuales por cada persona sindicada.
“Es un gasto desbordado que refleja la falta de articulación entre el sistema penitenciario nacional y las administraciones locales”, reconoce el secretario de Seguridad, Manuel Villa.
Las estaciones de Policía, diseñadas para detenciones de máximo 36 horas, hoy funcionan como cárceles improvisadas.
Su capacidad es de poco más de 640 personas, pero actualmente albergan 1.600 sindicados.
Nivel de hacinamiento:
150% en promedio
En algunos casos, supera el 210%
La Personería Distrital de Medellín documentó cifras alarmantes:
“En la estación de la Sijín, con capacidad para 20 detenidos, se han llegado a albergar hasta 357. Eso equivale a un hacinamiento del 1.685%.”
Una bomba humanitaria y fiscal
Las condiciones en estas estaciones son precarias: falta de ventilación, sanitarios insuficientes y espacios insalubres.
Organismos de derechos humanos advierten que esta situación vulnera el derecho a la vida digna y puede derivar en responsabilidad estatal.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) alertó que los costos que asumen los municipios por esta crisis son “extremadamente altos e insostenibles”.
“Estamos gastando más en sostener el fracaso del sistema que en prevenirlo”, dijo a este medio un funcionario distrital que pidió reserva de su nombre.
El dinero destinado a mantener a los sindicados termina desplazando recursos que podrían invertirse en educación, prevención del delito o programas sociales para jóvenes en riesgo.
Una cárcel como solución… o como parche
Ante el colapso, Medellín avanza en la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados, en el corregimiento de San Cristóbal.
El proyecto —el primero bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP) en Colombia— costará $675.000 millones y ofrecerá 1.339 cupos.
Proyecto Cárcel Metropolitana San Cristóbal
El alcalde Federico Gutiérrez defiende la iniciativa como una apuesta por la resocialización:
“No se trata solo de castigar, sino de formar y ofrecer oportunidades de reintegración. Queremos reducir la reincidencia con educación y trabajo penitenciario.”
Sin embargo, expertos en justicia advierten que construir más cárceles no soluciona la raíz del problema.
El déficit estructural del sistema penitenciario colombiano, sumado a la lentitud de la justicia, seguirá generando sobrepoblación si no se impulsan reformas legales profundas y una política criminal preventiva.
Más cárceles, menos justicia social
El caso de Medellín evidencia un dilema que atraviesa a todo el país:
¿Debe el Estado seguir invirtiendo en sostener el hacinamiento o destinar esos recursos a evitar que más personas terminen privadas de la libertad?
La Corte Constitucional lo ha advertido desde hace años: el hacinamiento no es solo una falla administrativa, sino una violación sistemática de derechos humanos.
Cada cifra, cada recluso, cada celda improvisada en una estación de Policía cuenta una historia de abandono institucional.
El costo de mirar hacia otro lado
La situación carcelaria en Medellín es el espejo de un país que castiga sin reeducar y gasta sin resolver.
Mientras el Distrito paga la factura de un sistema penitenciario colapsado, miles de sindicados sobreviven en condiciones indignas, y la ciudad pierde recursos vitales para su desarrollo.
“Medellín necesita cárceles, sí, pero sobre todo necesita una política penitenciaria con rostro humano”, enfatizó un defensor de derechos humanos consultado por este medio.
La verdadera seguridad —coinciden los expertos— no se construye con barrotes, sino con oportunidades.
Hasta que eso ocurra, el hacinamiento seguirá siendo la cárcel invisible que atrapa a toda la ciudad
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