El alto costo de la ilegalidad: Por qué el fraude en servicios públicos es una amenaza para todos

Antioquia enfrenta un reto crítico frente a la defraudación de fluidos. Lo que algunos consideran un "ahorro" o un "atajo", es en realidad un delito que pone en riesgo la vida, sobrecarga las redes y encarece las facturas de los usuarios honestos.

Un problema de grandes dimensiones

En el departamento de Antioquia, la situación ha alcanzado cifras alarmantes. Según reportes recientes, las empresas de servicios públicos identifican hasta mil situaciones de fraude al mes. Sorprendentemente, estas conexiones ilegales no solo se encuentran en viviendas particulares, sino que están frecuentemente vinculadas a establecimientos comerciales de alto consumo como hoteles, moteles y fábricas.

El riesgo invisible: Incendios y explosiones

Más allá de la pérdida económica, el peligro real reside en la seguridad técnica. Una instalación fraudulenta no cumple con las normas mínimas de seguridad, lo que se traduce en:

• Sobrecarga de redes: El alto consumo ilegal de una empresa puede desestabilizar el servicio de todo un barrio.
• Accidentes graves: Cortocircuitos que derivan en incendios, fugas de gas o contaminación del agua potable.
• Daños estructurales: Afectaciones directas a las viviendas de vecinos que nada tienen que ver con el fraude.

El impacto en su bolsillo

Existe la creencia errónea de que el fraude solo afecta a la empresa prestadora. Sin embargo, la realidad es otra: cuando estas empresas sufren robos de energía, agua o gas, parte de esas pérdidas se trasladan a la tarifa de los clientes que pagan cumplidamente. En pocas palabras, con su dinero termina pagando el derroche y la ilegalidad de otros.

Consecuencias legales: Cárcel y multas

La justicia colombiana no toma este tema a la ligera. La defraudación de servicios públicos está tipificada como un delito en el Artículo 256 del Código Penal, el cual acarrea:

1. Penas de cárcel.
2. Multas millonarias que pueden arruinar la economía de un negocio o familia.

Como afirma Sandra Roldán, clienta de EPM: "El robo de servicios públicos perjudica a toda la comunidad y también a la empresa que lo comete, porque trae sanciones muy altas y afecta a sus trabajadores".

¿Cómo actuar?

Cuidar los servicios públicos es cuidar la vida. EPM invita a la ciudadanía a denunciar cualquier conexión sospechosa de manera 100% anónima.

• Línea de atención: 604 44 44 115
• Canal digital: App EPM

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