Viernes de imputación: el expediente que alcanzó al exdirector del Área Metropolitana
Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto cortesia
Palacio, quien dirigió la entidad entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, enfrenta una investigación que pone la lupa sobre seis contratos firmados entre 2020 y 2021, todos bajo la modalidad de contratación directa, y cuyo valor conjunto supera los 18.656 millones de pesos. Para el ente acusador, no se trata solo de cifras: detrás de esos documentos estaría una presunta cadena de decisiones que hoy comprometen el manejo de recursos públicos.
La audiencia no será exclusiva del exdirector. El Juzgado con Función de Control de Garantías también escuchará a Ana María Roldán Ortiz, subdirectora ambiental del AMVA entre julio de 2020 y abril de 2021, y a Diana María Montoya Velilla, quien ocupó el mismo cargo desde abril de 2021 hasta enero de 2024. En este último caso, la Fiscalía advierte un elemento adicional: Montoya Velilla era ordenadora del gasto, condición que podría agravar su responsabilidad en los hechos investigados.
El expediente habla de algo más que trámites administrativos. Uno de los ejes de la investigación es la posible existencia de un interés indebido para favorecer a personas cercanas, en detrimento del interés general y del patrimonio público. A ello se suma la hipótesis de peculado por apropiación, al considerar que 2.481 millones de pesos habrían sido desviados de su destinación original: la gestión del riesgo y la atención de emergencias en los municipios del Área Metropolitana.
Las consecuencias ya se han materializado para algunos de los involucrados. En el mismo proceso fueron capturados el exdirector del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid Jaramillo; el excapitán de los bomberos de Itagüí, Elkin de Jesús González; y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del AMVA. Un juez avaló la detención intramural de Cadavid y Rúa, mientras que González fue imputado, pero sin medida de aseguramiento, al considerar que no representaba un riesgo para la sociedad ni para el proceso.
Ahora, el foco vuelve a Palacio Cardona. La Fiscalía General de la Nación ya tiene lista la imputación por presuntos actos de corrupción y estaría preparada para solicitar una medida de privación de la libertad durante la diligencia judicial prevista para el mismo 26 de enero, en el marco de este extenso expediente.
El caso trasciende lo judicial y se cuela en el escenario político. Un detalle no menor ha llamado la atención pública: Óscar Iván Palacio, padre del exdirector investigado, es candidato al Senado por el Partido Verde, lo que añade un componente de escrutinio y debate en medio del proceso.
Mientras tanto, los documentos reposan sobre el escritorio judicial y las miradas se concentran en la audiencia. Allí, entre argumentos de la Fiscalía y la defensa, se comenzará a definir si las decisiones administrativas de ayer se convierten en responsabilidades penales mañana. Por ahora, la historia sigue escribiéndose en tiempo judicial.
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