Más de cinco horas duró este jueves el alegato con el que la defensa de Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), intentó desmarcarlo de los delitos que le imputó la Fiscalía por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.
La audiencia, que comenzó a las 2:34 p.m. ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías, tiene como objetivo definir si Palacio continuará en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra por la presunta contratación irregular entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Según la Fiscalía, los convenios, que ascienden a cerca de $18.000 millones, habrían derivado en un desvío de recursos por aproximadamente $2.481 millones. En el mismo expediente fueron imputadas Ana María Roldán y Diana María Montoya, exsubdirectoras del área ambiental del AMVA durante el periodo 2020-2023. Para ellas, el ente acusador solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, consistente en la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente.
También fue vinculado al proceso Juan Alberto Cardona Henao, tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, por presunta falsedad en documento privado, aunque en su caso no se solicitó medida que restrinja su movilidad.
En audiencias previas realizadas entre octubre y diciembre fueron imputados y privados de la libertad de manera preventiva el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la funcionaria del AMVA que ejerció como supervisora de los contratos, María Yaneth Rúa. Otro de los procesados es el exjefe de la agrupación de socorro, Elkin González.
Durante las diligencias se han revelado pruebas que, según la Fiscalía, indicarían que Palacio habría atendido instrucciones de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Entre los elementos mencionados figura un correo de 2024 en el que se describe el supuesto “modus operandi” del entramado y se alude a la participación de otros funcionarios, como el exsubdirector administrativo Álvaro Villada, quien está imputado en otro proceso por presuntos hechos de corrupción en el AMVA.
El pasado 27 de enero, el fiscal anticorrupción sustentó la solicitud de medida de aseguramiento intramural contra Palacio alegando la gravedad de los delitos, el presunto “enquistamiento” de 26 funcionarios que aún laboran en la entidad y que podrían suministrarle información, y la supuesta orden de formatear tres computadores con información clave antes de abandonar el cargo.
Sin embargo, este jueves el turno fue para la defensa. El abogado Andrés López Figueroa sostuvo que su cliente no intervino en la firma, ejecución, supervisión ni liquidación de los contratos cuestionados. “Ese interés indebido no se infiere por la jerarquía (...) El exdirector no actuó en ninguna fase”, afirmó ante el juez.
El jurista insistió en que Palacio ejerció la facultad legal de delegar funciones en sus subalternos, quienes contaban con autonomía para actuar. “Tenía una confianza legítima en sus subdirectores”, aseguró, subrayando que no existen pruebas documentales que acrediten una actuación decisoria directa por parte de su defendido.
Para respaldar su postura, citó una entrevista realizada por su equipo a la exasistente de dirección Yudy Alejandra Santacruz, quien habría manifestado que en las reuniones del comité directivo Palacio preguntaba de manera reiterada si había algo que “advertir o denunciar” frente a posibles irregularidades contractuales.
En relación con la cámara de seguridad que no funcionaba en la entrada del archivo de la entidad, López señaló que no era competencia del entonces director gestionar su reparación y que un informe técnico concluyó que la desinstalación obedeció a una falla en la fuente de energía, no a una manipulación indebida.
Hacia las 7:55 p.m., el juez suspendió la diligencia y citó para este viernes a las 2:30 p.m., cuando intervendrán los defensores de Roldán, Montoya y Cardona para oponerse a las medidas solicitadas por la Fiscalía. La decisión sobre la situación jurídica de Palacio y los demás implicados quedará en manos del despacho judicial.
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