El Gobierno nacional expidió recientemente los decretos 0369 y 0415 de 2026, dos medidas que, aunque abordan frentes distintos del sistema pensional, convergen en un punto crítico: el manejo de cuantiosos recursos en un corto periodo de tiempo.
El Decreto 0415 reglamenta la exigibilidad del traslado de ahorros desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, en desarrollo de la Ley 2381 de 2024. Esta norma habilita la denominada “Oportunidad de Traslado” para hombres de 52 años o más con al menos 900 semanas cotizadas y mujeres desde los 47 años con mínimo 750 semanas.
Según cifras oficiales, cerca de 120 mil afiliados han hecho uso de esta opción hasta febrero de 2026, de los cuales aproximadamente 25 mil ya reciben mesada pensional. Sin embargo, el decreto impone plazos estrictos para el traslado de los recursos: 20 días para girar el 50% de los fondos y 10 días adicionales para el saldo restante en el caso de afiliados activos, y apenas 15 días para quienes ya están pensionados.
Desde el sector financiero, han surgido advertencias sobre los riesgos de esta “marcha forzada”. Aunque una parte importante de los recursos (70%) podrá trasladarse sin liquidación de activos, el 30% restante deberá convertirse en efectivo, lo que podría generar presiones en el mercado de deuda pública.
En paralelo, el Decreto 0369 ordena la repatriación de capitales invertidos en el exterior y establece un límite del 30% a las inversiones internacionales de los fondos de pensiones. Actualmente, cerca del 48,8% del portafolio —equivalente a más de $257 billones— se encuentra en mercados globales.
Gremios como Asofondos y centros de pensamiento han cuestionado la medida, argumentando que el mercado colombiano no cuenta con suficientes proyectos estructurados para absorber estos recursos con niveles adecuados de rentabilidad y seguridad. Asimismo, advierten sobre la pérdida de diversificación, clave para proteger el ahorro pensional, especialmente en afiliados jóvenes.
Analistas también han señalado que la conversión de estos ahorros en recursos disponibles podría generar espacio fiscal adicional para el Gobierno, lo que ha abierto interrogantes sobre el uso final de estos dineros.
Las medidas ya enfrentan acciones legales, y el futuro de aproximadamente $125 billones en ahorros pensionales podría definirse en los tribunales.
EDITORIAL
¿Aceleración necesaria o riesgo innecesario?
La expedición de los decretos 0369 y 0415 de 2026 llega en un momento particularmente sensible: el Gobierno nacional se encuentra en su recta final, con apenas tres meses por delante, y ha decidido impulsar el movimiento de recursos pensionales por cifras que no son menores.
Más allá del debate técnico —que es complejo y legítimo— lo que inquieta a buena parte del país es el contexto: grandes sumas de dinero, decisiones aceleradas y tiempos de ejecución que no parecen corresponder con la realidad de estructuración de proyectos de inversión.
Resulta difícil ignorar la tensión entre la urgencia normativa y los tiempos reales de la economía. ¿Cómo se justifica que recursos de tal magnitud deban trasladarse en 15 o 20 días, cuando cualquier proyecto serio de infraestructura o inversión pública requiere, en el mejor de los casos, varios meses de planeación?
La preocupación no surge en el vacío. Colombia ha sido testigo reciente de escándalos como el de la UNGRD, que dejaron en evidencia debilidades en la gestión y control de los recursos públicos. En ese contexto, la pregunta es inevitable: ¿existen hoy las garantías suficientes para asegurar que estos dineros no correrán la misma suerte?
El Gobierno sostiene que se trata de medidas necesarias para garantizar el pago de pensiones y optimizar el uso de los recursos. Sin embargo, voces críticas advierten que esta liquidez podría abrir espacio para un mayor gasto en el corto plazo, lo que alimenta la sospecha de un eventual uso apresurado o poco estructurado de los fondos.
Aquí no se trata de oponerse al cambio ni de desconocer la necesidad de ajustes en el sistema pensional. Se trata de algo más básico: confianza. Y la confianza no se decreta; se construye con transparencia, planeación y tiempos razonables.
Cuando las decisiones financieras se toman con prisa, el riesgo no es solo técnico, sino institucional. Porque si algo está en juego no es únicamente el destino de unos recursos, sino la credibilidad en la forma en que el Estado los administra.
En últimas, la pregunta que queda en el aire no es menor: ¿estamos ante una reforma necesaria o frente a una carrera contra el tiempo cuyos efectos aún no se dimensionan completamente?
El país merece respuestas claras antes de que los recursos cambien de manos. Y sobre todo, merece garantías de que no se está, una vez más, raspando la olla.
Por: Hernando Angarita Carvajal
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