El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República de Colombia el Plan Indicativo de Enajenación Global correspondiente a la vigencia 2026, un documento que ha encendido las alertas en el sector minero-energético por incluir una amplia lista de activos estatales que eventualmente podrían ser vendidos.
De acuerdo con el plan, el valor estimado de las participaciones supera los $50 billones, lo que lo convertiría en uno de los procesos de desinversión más grandes en la historia reciente del país, en caso de materializarse. Sin embargo, el propio Gobierno enfatiza que la inclusión de estas empresas no implica una decisión inmediata de venta.
El documento, presentado por el Ministerio de Hacienda de Colombia, responde a lo establecido en la Ley 226 de 1995, que obliga a reportar anualmente al Congreso un inventario de activos susceptibles de enajenación. Según el texto oficial, este informe tiene un carácter “informativo y preventivo” y no constituye la aprobación de procesos de venta.
Ecopetrol, en el centro del debate
El listado incluye una parte significativa de la estructura del grupo Ecopetrol, abarcando desde exploración y producción hasta transporte, refinación y comercialización.
Entre los activos señalados figuran operaciones internacionales como Ecopetrol América, Ecopetrol del Perú y activos en la Cuenca Permian en Estados Unidos; así como empresas clave de transporte como Cenit, Ocensa y el Oleoducto de los Llanos.
También aparecen activos estratégicos de refinación y petroquímica como Reficar y Essentia, además de compañías del sector energético como Interconexión Eléctrica S.A., junto a otras firmas como Hocol, Equión Energía e Invercolsa.
No obstante, expertos subrayan que cualquier eventual venta en Ecopetrol debe cumplir estrictos procesos corporativos. El Estado posee el 88,2 % de la compañía, pero una enajenación requeriría la aprobación de su junta directiva y de los accionistas, además de un decreto específico del Gobierno tras procesos de debida diligencia.
Otros sectores también incluidos
El plan no se limita al sector energético. También contempla posibles enajenaciones en infraestructura y logística, como terminales de transporte en varias ciudades, la Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios (Serviport) y activos en zonas francas y portuarias, incluyendo operaciones en Cartagena.
Antecedentes y contexto actual
Especialistas recuerdan que este tipo de planes no es nuevo y suele responder a estrategias de planificación fiscal. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo la gestión del entonces ministro Mauricio Cárdenas, se incluyeron activos similares sin que se concretaran ventas.
Sin embargo, el contexto actual añade presión al debate. Analistas advierten que, en medio de retos financieros y de gobernanza en Ecopetrol, así como cuestionamientos a su presidente Ricardo Roa, una eventual desinversión podría impactar significativamente la estabilidad de la principal empresa del país.
Incluso, la posible venta de activos clave como Cenit o ISA podría implicar la pérdida de control sobre segmentos estratégicos que hoy sostienen gran parte de la rentabilidad de Ecopetrol.
Por ahora, el Gobierno insiste en que el documento no define decisiones, pero su alcance y magnitud han abierto un nuevo frente de discusión sobre el futuro del sector energético colombiano.
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