La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra dos exvicepresidentes de Colpensiones por presuntas irregularidades en modificaciones contractuales que habrían sido realizadas sin los soportes técnicos y financieros correspondientes.
Un contrato millonario destinado a modernizar la infraestructura tecnológica de Colpensiones se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, que anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra dos ex altos funcionarios de la administradora pública de pensiones.
Los investigados son María Elisa Morón Baute y Wilson Fernando Melo Velandia, quienes se desempeñaron como vicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones y deberán responder dentro de la actuación disciplinaria por las presuntas irregularidades relacionadas con un contrato suscrito en 2020, por valor de 9.400 millones de pesos.
La investigación, anunciada oficialmente el 19 de octubre de 2026, busca establecer si las modificaciones realizadas al contrato durante los años 2022 y 2023 cumplieron las exigencias técnicas, financieras y legales correspondientes.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES SIN JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE
El centro de la controversia se encuentra en los otrosíes números 2 y 5, mediante los cuales se habrían modificado componentes del contrato original, argumentando variaciones de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y del salario mínimo mensual legal vigente.
Sin embargo, según la Procuraduría, esos cambios aparentemente se realizaron sin dejar soportes documentales, estudios detallados o justificaciones técnicas que permitieran establecer su necesidad y razonabilidad.
Estas circunstancias despertaron las alertas del organismo de control, que busca determinar si las decisiones adoptadas durante la ejecución contractual se ajustaron a los principios que rigen la contratación pública.
La variación del dólar o el incremento del salario mínimo pueden representar circunstancias económicas relevantes para determinados contratos estatales. No obstante, su utilización como fundamento para modificar obligaciones contractuales debe estar debidamente sustentada.
PROCURADURÍA ORDENA RECAUDAR PRUEBAS
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales para esclarecer los aspectos técnicos y financieros relacionados con la suscripción de los otrosíes investigados.
Con estas actuaciones se pretende determinar cuáles fueron los fundamentos utilizados para modificar el contrato, qué estudios respaldaron las decisiones y si los funcionarios involucrados cumplieron sus deberes legales.
La investigación también permitirá establecer si existen elementos suficientes para formular cargos disciplinarios o si corresponde adoptar otra decisión conforme a las pruebas recaudadas.
NO ES EL PRIMER PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ESTOS EXDIRECTIVOS
Un antecedente que cobra especial relevancia es que, el 25 de febrero de 2025, la Procuraduría ya había formulado cargos disciplinarios contra María Elisa Morón Baute y Wilson Fernando Melo Velandia por presuntas irregularidades relacionadas con adiciones a otros contratos de Colpensiones.
En aquella oportunidad, el organismo de control cuestionó modificaciones contractuales que habrían superado el límite legal del 50 % del valor inicial de dos contratos.
Uno de ellos, por $41.296 millones, estaba destinado a la vinculación de personal para el centro de atención telefónica de Colpensiones.
El segundo, por $32.700 millones, tenía como objeto la incorporación de trabajadores mediante empresas de servicios temporales.
Según la Procuraduría, las actuaciones investigadas habrían desconocido obligaciones relacionadas con el manejo de los recursos y la contratación estatal.
Se trata de actuaciones disciplinarias diferentes, cuyos resultados deben establecerse de manera independiente y con respeto a las garantías procesales de los investigados.
TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PENSIONAL
El caso adquiere importancia institucional por tratarse de Colpensiones, entidad encargada de administrar el Régimen de Prima Media y de garantizar prestaciones económicas a millones de afiliados y pensionados colombianos.
La contratación tecnológica resulta fundamental para el funcionamiento de sus plataformas, la administración de historias laborales, el reconocimiento de prestaciones y la atención de los ciudadanos.
Por esta razón, los procesos de modernización deben contar con mecanismos de planeación, supervisión y control que permitan garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos.
La investigación abre interrogantes sobre la justificación de los cambios contractuales y la suficiencia de los controles internos durante la ejecución de proyectos tecnológicos de alto valor económico.
LA INVESTIGACIÓN DEBERÁ ESTABLECER RESPONSABILIDADES
La apertura de una investigación disciplinaria no significa que los exfuncionarios hayan cometido una falta ni constituye una declaración anticipada de responsabilidad.
Corresponderá a la Procuraduría evaluar las pruebas, garantizar el derecho de defensa y determinar si las actuaciones investigadas vulneraron los deberes propios de la función pública.
Lo que está en discusión no es solamente un contrato de $9.400 millones, sino la necesidad de garantizar que cada modificación contractual en una entidad pública tenga una justificación verificable y responda a los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
El resultado de la investigación será determinante para esclarecer si las modificaciones tuvieron respaldo legal y técnico o si existieron conductas que ameriten sanciones disciplinarias.
La transparencia en Colpensiones no es un asunto menor: se trata de una institución cuya gestión debe generar confianza entre trabajadores, afiliados, pensionados y sus familias.
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