El país alcanza su mayor nivel de endeudamiento en décadas sin una guerra, pandemia o recesión que lo justifique. El gasto público desbordado, la pérdida de confianza de los mercados y la suspensión de la regla fiscal avivan el temor de un colapso financiero. Calificadoras, analistas y centros de estudio alertan sobre recortes, más impuestos y una crisis de confianza institucional.
Mientras el país sigue pendiente del anuncio de una nueva reforma tributaria, el verdadero sismo económico ya sacude las finanzas públicas: la deuda pública de Colombia alcanzará el 63% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, su nivel más alto en décadas, según lo reveló el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) publicado por el Ministerio de Hacienda. Un salto de 9,6 puntos en apenas tres años, que representa un aumento de $173 billones.
Más allá de la cifra histórica, lo que inquieta a los analistas es el contexto: el endeudamiento no se explica por una catástrofe natural, una emergencia sanitaria o un colapso económico. Se origina en un gasto público insostenible y unos ingresos fiscales que no dan abasto. Y lo más alarmante: los intereses que Colombia paga hoy por su deuda son tan altos que superan incluso los de un crédito hipotecario.
Una deuda impagable: $1.090 billones y contando
Según el economista Germán Machado, Colombia se ha endeudado en $302 billones desde agosto de 2022, cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro. En total, la deuda pública ya supera los $1.090 billones. En términos prácticos, eso equivale a $293.000 millones diarios de deuda nueva. Y lo más delicado es que gran parte de esa deuda se está contratando a 25 años, con tasas de interés cercanas al 13% anual.
“La deuda está creciendo a tasas mucho más altas que la economía misma. Endeudarse hoy es más caro para el Estado que para una familia que saca un crédito hipotecario. Es una bomba de tiempo fiscal”, advierte Machado.
Desconfianza de los mercados: Colombia paga más intereses que sus pares
Un informe reciente de Corficolombiana revela que la desconfianza en la sostenibilidad fiscal del país le costó entre $11,9 y $14,7 billones en intereses adicionales solo en 2024, lo que representa hasta el 0,8% del PIB. El llamado “riesgo país”, medido por los Credit Default Swaps (CDS), ha subido al punto que Colombia paga 166 puntos básicos más que el promedio de países latinoamericanos con calificación BB.
Además, el 54% de la deuda está compuesta por bonos emitidos por el Gobierno; otro 33% corresponde a préstamos de organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, y el resto se reparte entre bancos, gobiernos extranjeros y fondos de inversión.
Suspensión de la regla fiscal: una señal alarmante
Uno de los puntos más controvertidos del MFMP fue la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal entre 2025 y 2027. Esa norma —diseñada para limitar el endeudamiento y asegurar el equilibrio de las finanzas públicas— solo se había suspendido durante la pandemia. Ahora se desactiva sin una emergencia visible que lo justifique.
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), esta decisión “eleva la prima de riesgo del país, presiona el tipo de cambio, aleja a los inversionistas y reduce la disponibilidad de financiamiento”.
El déficit se dispara: más gasto, menos recaudo
El déficit fiscal del Gobierno Central alcanzó el 6,7% del PIB en 2024, superando por más de un punto la meta oficial. Para 2025, el MFMP proyecta un déficit de 7,1%, el más alto desde la pandemia, lo que representa un desbalance de $129,6 billones.
Según William Reyes, investigador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, “el plan financiero presentado en febrero sobrestimó el recaudo y subestimó el ajuste necesario. La mitad del ajuste fiscal se pospone para después de 2027, cuando ya se habrán perdido años de credibilidad”.
Fitch Ratings y la amenaza del grado de inversión
La calificadora Fitch Ratings ya calificó como “muy preocupante” el salto del déficit de 5,1% a 7,1%. Una brecha de $38 billones que el Gobierno espera cubrir con un nuevo cupo de endeudamiento. Las otras agencias, S&P y Moody’s, evalúan actualmente la posibilidad de rebajar la calificación crediticia del país, lo que empujaría a Colombia aún más abajo en el espectro de riesgo.
Una pérdida del grado de inversión implicaría que muchos fondos internacionales dejarían de financiar al país, y los préstamos serían más caros o inaccesibles.
Más impuestos, más recortes, menos inversión
En este escenario, el Ministerio de Hacienda ya advirtió que, si no se recogen los $9,3 billones esperados por anticipar retenciones en la fuente, el déficit fiscal podría escalar al 7,4% del PIB.
Adicionalmente, se prevé una nueva reforma tributaria por $19 billones para 2026. Pero la incertidumbre política y electoral hace incierta su aprobación.
Al mismo tiempo, el servicio de la deuda costará $85,8 billones en 2025, es decir, el 28% del gasto total del Gobierno. Esto implica que los recursos para inversión pública, salud, educación e infraestructura serán desplazados por el pago de intereses.
Un gasto que no frena: récord en contratistas
Paradójicamente, mientras se habla de crisis fiscal, el Gobierno sigue aumentando el gasto. Un ejemplo es el uso de contratos por prestación de servicios (OPS). En 2022 había 48.000 contratistas; en 2024, la cifra llegó a 64.000. Solo este año, el gasto en OPS supera los $3,2 billones, y el total acumulado pasa de $8 billones en entidades del orden nacional.
Esto contrasta con la promesa del presidente Gustavo Petro de desmontar esa figura contractual, y agrava la percepción de un descontrol del gasto corriente.
¿Camino a una crisis de deuda?
Para el analista Amorocho, la situación es insostenible:
“La deuda pública creció en términos reales un 11,03% en 2024, mientras la economía solo creció 1,7%. Eso significa que la deuda crece ocho veces más rápido que la economía. Es un círculo vicioso: deuda cara que se paga con más deuda”.
Si no se logra recuperar la confianza de los mercados ni contener el gasto público, Colombia podría entrar en un terreno de crisis estructural: más impuestos, menos crecimiento, menos inversión y mayor desigualdad.
Un desafío monumental
Colombia enfrenta uno de los mayores retos fiscales de su historia. La combinación de deuda creciente, déficit persistente, pérdida de confianza y gasto desbordado conforman un coctel explosivo. Si no se toman decisiones drásticas —tanto para contener el gasto como para mejorar la eficiencia del recaudo y reestructurar la deuda— el país podría terminar pagando el precio de la improvisación.
El desafío del Gobierno no es solo técnico. Es también político y ético: cómo salvar las finanzas del país sin cargar el peso únicamente sobre los contribuyentes, y sin sacrificar la inversión social en medio de una economía que aún no despega.
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