Medellín, 21 de junio de 2025 — La visita del presidente Gustavo Petro a Medellín este sábado, en el marco de un acto público en la plazoleta de La Alpujarra, ha desatado una tormenta política sin precedentes en la capital antioqueña. La polémica se encendió cuando nueve reconocidos capos del crimen organizado —hoy privados de la libertad en la cárcel de Itagüí— fueron trasladados hasta el lugar del evento, lo que generó una airada reacción del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Una escena inesperada: los capos en primera fila
En una imagen ampliamente difundida en redes sociales y medios de comunicación, se pudo observar a nueve cabecillas de estructuras criminales, sentados en primera fila durante el evento presidencial. Se trata de:
José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas
Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom
Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre
Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo
Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio
Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta
Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya
Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert
Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23
Estos hombres, identificados como históricos cabecillas de bandas como La Oficina y otros grupos criminales del Valle de Aburrá, fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad, lo cual ha sido interpretado por sectores políticos locales como una afrenta al Estado de derecho.
"Una amenaza directa": reacción del alcalde Gutiérrez
El primero en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) publicó un mensaje contundente:
“Petro nos pone la lápida. Está en Medellín para juntarse con los jefes de la mafia que nosotros capturamos, con los jefes de las estructuras criminales para amenazarnos. Mientras yo los combato, él los premia. Petro es el único responsable si algo me pasa”.
En un segundo mensaje, Gutiérrez calificó el evento como “el acto de la vergüenza”, y aseguró que lo ocurrido constituye una amenaza directa contra su integridad y la de quienes lideran el combate contra las bandas delincuenciales. Además, solicitó a las autoridades judiciales y de control que “tomen nota de lo sucedido en Medellín”.
El gobernador Rendón: “una traición al Ejército y la Policía”
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a las críticas y elevó el tono de la denuncia:
“¡Dime con quién andas y te diré quién eres! El Presidente Petro vino a la capital de Antioquia a rodearse de criminales, esto es una afrenta, una humillación a las víctimas. Una traición al Ejército y a la Policía Nacional”.
El mandatario departamental también cuestionó el uso de recursos públicos en la logística del evento, donde presuntamente se habrían contratado buses para transportar personas desde diversas comunas y corregimientos con el fin de llenar la plazoleta.
¿Una estrategia de movilización política?
La asistencia masiva al evento también ha sido objeto de controversia. En grupos de WhatsApp y redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla y mensajes que darían cuenta de una logística articulada por el Pacto Histórico en Antioquia para asegurar la presencia del público. Incluso se denuncian posibles maniobras contractuales y el uso de recursos públicos para financiar la jornada, lo que pone en entredicho la transparencia de la convocatoria.
En uno de los carteles exhibidos por asistentes se leía “Douglas Aranjuez te quiere (sic)”, en alusión a alias Douglas, cabecilla de La Oficina, lo que alimentó aún más la indignación ciudadana y la crítica de sectores que ven en esta visita una legitimación de actores criminales.
La propuesta presidencial: beneficios jurídicos a cambio de paz
En medio del escándalo, el presidente Gustavo Petro defendió su presencia y el contenido de su propuesta. Desde la tarima en La Alpujarra, planteó que el país debe “examinar, bajo las normas legales existentes, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas”.
Petro aseguró que su intención es avanzar hacia una verdadera “paz urbana”, que implique el cese del asesinato de jóvenes en los barrios y la transformación de las estructuras criminales. Aunque reconoció la disminución de homicidios en Medellín, insistió en que la violencia aún no ha sido erradicada y que el Estado debe estar presente para garantizar el cambio.
Asimismo, anunció que visitará personalmente la cárcel de Itagüí para revisar los avances del proceso y manifestó su deseo de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, participe en dicho encuentro.
Alias ‘Douglas’: “el proceso está en un punto crítico”
Desde el evento, alias Douglas, quien se ha presentado como vocero de la mesa de negociación con las estructuras criminales, advirtió que el proceso se encuentra en un momento de riesgo.
“Ha faltado capacidad del Estado en acompañar esas transformaciones”, señaló el cabecilla, quien fue pieza clave en pactos de no violencia en el pasado, pero que hoy sigue generando desconfianza en gran parte de la ciudadanía.
¿Paz o impunidad?
La controversia que ha suscitado esta visita presidencial toca fibras profundas en la sociedad antioqueña. Para sus detractores, se trata de un acto que raya con la impunidad y que envía un mensaje contradictorio frente al esfuerzo institucional por combatir el crimen. Para el Gobierno Nacional, en cambio, es una apuesta audaz por un nuevo enfoque de paz, que no solo busca el silenciamiento de las armas, sino la reconstrucción del tejido social en los territorios más golpeados por la violencia.
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