La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la compra de armamento a Estados Unidos ha generado una profunda preocupación en el sector defensa colombiano. La medida, que se suma a la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, deja a la fuerza pública en una situación de vulnerabilidad sin precedentes, según alertan expertos y exfuncionarios del área de seguridad.
El impacto se refleja de manera inmediata en unidades élite como los Comandos Jungla de la Policía, cuya operatividad depende casi por completo del equipamiento y el entrenamiento estadounidense. Cascos kevlar, chalecos tácticos, pistolas Glock y Beretta, rifles M-4, ametralladoras MP-5 y M-249, escopetas Mossberg, morteros M-224, visores nocturnos, geolocalizadores, radios de comunicación e incluso las municiones —fabricadas por marcas como WCC, LC, LEW y Winchester— son de origen norteamericano.
Más allá del suministro de material, la cooperación con Washington ha incluido programas de formación. Los Comandos Jungla son entrenados en bases estadounidenses, mientras que los pilotos de helicópteros Black Hawk reciben instrucción en San Antonio, Texas. Estos aparatos, fundamentales en operaciones de alto impacto, requieren mantenimiento permanente, repuestos y software especializado que, de acuerdo con los convenios vigentes, solo pueden ser suministrados por Estados Unidos.
Un alto funcionario del sector advirtió que la decisión presidencial afectará de forma crítica la capacidad operativa de la fuerza pública. “Hay equipos que necesitan mantenimiento. Si no se hace, se deterioran. Así se pierde la capacidad y no hay recursos para reemplazarlos”, señaló, en referencia a los helicópteros Black Hawk.
Los exministros de Defensa Juan Carlos Pinzón y Diego Molano coincidieron en que la determinación de prescindir de los dos principales aliados militares de Colombia —Estados Unidos e Israel— responde a una estrategia deliberada de desmantelamiento de la fuerza pública. Según ellos, el objetivo final sería transformarla en una estructura más cercana al modelo venezolano.
En la misma línea, el general (r) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional, advirtió que la principal perjudicada es la fuerza pública. “La munición se acaba, los equipos necesitan mantenimiento y son vitales los recursos de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Esto no es inteligente”, declaró en entrevista con Semana, subrayando que la medida podría incidir directamente en la efectividad del país frente al narcotráfico, uno de los factores que motivó recientemente la descertificación de Colombia por parte de Washington.
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