Túnel del Toyo. Foto Manuel Saldarriaga
Una nueva controversia rodea al Túnel del Toyo, considerado el más largo de Latinoamérica y una de las obras de infraestructura más ambiciosas del departamento de Antioquia, cuyo objetivo es conectar a Medellín con el Urabá antioqueño.Aunque el proyecto registra un avance del 100% en el tramo 1 y del 74% en el tramo 2, la obra enfrenta retrasos en su fase final debido a presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional en la instalación de los equipos electromecánicos, indispensables para su puesta en operación.
El nuevo foco del conflicto
Cuando parecía superada la disputa por el tramo 2 —que finalmente fue asumido por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín— surgió un nuevo obstáculo. Esta vez, la controversia gira en torno a la instalación de los sistemas electromecánicos, fundamentales para garantizar la seguridad y el funcionamiento del túnel.
De acuerdo con la Gobernación, estos equipos cumplen funciones esenciales como iluminación, ventilación, señalización, conectividad, sistemas de seguridad y expulsión de gases. Sin su instalación, el túnel no puede entrar en funcionamiento.
El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, recordó que el 7 de mayo de 2024 se firmó un plan de acción ante la Contraloría General de la República, con participación de la Gobernación, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura y el Distrito de Medellín.
En dicho documento, liderado por la contralora delegada Martha Piza Lozada, quedó establecido que una vez finalizado el tramo 1 —a cargo de Antioquia y Medellín— el Invías, a través del consorcio Calma, iniciaría la instalación de los equipos.
“Terminamos el año pasado el tramo 1. Y, de manera extraña, vimos que están aplazando la instalación de los equipos electromecánicos, incumpliendo ese plan de acción que suscribimos todos con la Contraloría”, afirmó Gallón.
Cambio en las condiciones
Según el funcionario, en diciembre de 2025 se notificó que el tramo 1 estaba listo para avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, el Invías informó que había aplazado las vigencias futuras para 2026 y 2027 y que la instalación solo podría comenzar una vez concluyeran completamente los contratos del tramo 2.
“Están cambiando las reglas del juego y lo estipulado en ese plan de acción”, sostuvo el secretario, quien calificó la decisión como un incumplimiento frente a los compromisos adquiridos.
Equipos almacenados y riesgo de sobrecostos
Otro punto crítico del debate es el almacenamiento de los equipos. Gallón asegura que el 100% ya fue adquirido y permanece en bodegas ubicadas entre Bogotá y Medellín. La mayoría corresponde al túnel principal de 9,7 kilómetros, cuya obra civil está terminada.
El funcionario estima que el costo mensual de almacenamiento y seguridad oscila entre $300 y $400 millones, lo que podría derivar en un posible detrimento patrimonial. Además, advirtió que varios de estos sistemas, como ventiladores y equipos de refrigeración, requieren funcionamiento periódico y podrían deteriorarse si permanecen inactivos por años.
Desde la perspectiva departamental, cerca del 75% de los equipos podría instalarse de inmediato, dado que corresponden al túnel principal ya concluido.
La respuesta del Invías
Por su parte, el Instituto Nacional de Vías confirmó que el 100% de los equipos está disponible, pero sostuvo que la instalación depende de la culminación total y la entrega formal de las obras civiles a cargo de la Gobernación de Antioquia.
Según la entidad, técnicamente los sistemas electromecánicos solo pueden instalarse cuando la infraestructura civil esté completamente terminada y oficialmente entregada. De acuerdo con los reportes recibidos, la finalización de las obras civiles estaba prevista para finales de enero de 2026.
El cronograma del Invías proyecta que la instalación de los equipos del túnel principal estaría lista en el primer semestre de 2027, mientras que los demás sistemas —ubicados en otros túneles aún en ejecución— se completarían en el primer semestre de 2028.
Tensiones políticas de fondo
Más allá del debate técnico, la polémica revive las tensiones entre Antioquia y el Gobierno Nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro. El departamento tuvo que asumir más de $855.000 millones para evitar que el tramo 2 se convirtiera en un “elefante blanco”, ante la falta de respaldo financiero de la Nación.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a las críticas y acusó al Gobierno Nacional de obstaculizar el proyecto. El mandatario calificó como “desplantes” las actuaciones del Ejecutivo y señaló que la Nación estaría retrasando la entrada en operación del túnel.
La Gobernación confirmó que el pasado 3 de febrero radicó una carta ante el Ministerio de Transporte y el Invías, con copia a la Contraloría, exigiendo el cumplimiento del plan de acción suscrito en 2024. Además, anunció que presentará una nueva solicitud formal ante el ente de control para que revise los compromisos adquiridos.
Un proyecto en vilo
El desenlace de esta controversia será determinante para definir el cronograma de entrada en operación del túnel, prevista inicialmente entre noviembre y diciembre de este año. También podría establecer eventuales responsabilidades en caso de que se generen sobrecostos por los retrasos.
Mientras tanto, el Túnel del Toyo, llamado a transformar la conectividad entre Medellín y el Urabá, vuelve a quedar en el centro del debate político y administrativo, con su puesta en funcionamiento aún en el aire.
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