Crisis en el sistema de salud: EPS no giran recursos y clínicas comienzan a cerrar servicios en Bogotá y otras regiones

Guillermo Jaramillo, Ministro de salud. Foto Colprensa

La crisis financiera del sistema de salud en Colombia continúa agravándose. Varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) han comenzado a suspender servicios debido a la falta de pagos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), generando preocupación por el acceso oportuno a la atención médica.

Uno de los casos más recientes es el de la Clínica Medical, ubicada al norte de Bogotá, que anunció el cierre de varios de sus servicios a partir del 5 de mayo. La decisión responde, según la entidad, a “dificultades en el flujo de recursos” y a la acumulación de cartera pendiente por parte de las aseguradoras.

Sin embargo, Medical no es la única institución afectada. Ese mismo día, la Liga Colombiana Contra el Cáncer confirmó la suspensión de servicios en una de sus sedes en la capital, donde se realizaban diagnósticos tempranos y programas de prevención. Aunque la organización aclaró que se trata de una situación localizada, su director, Wilson Cubides, reveló que el déficit asciende a 4.000 millones de pesos, concentrado principalmente en deudas de las EPS Sanitas y Famisanar.

A pesar de este cierre parcial, la Liga aseguró que continuará prestando servicios en otra sede de Bogotá, incluyendo consultas oncológicas, quimioterapia, farmacia y vacunación.

La problemática también ha alcanzado al Instituto Nacional de Cancerología, que la semana pasada logró un acuerdo de emergencia con Nueva EPS para garantizar la continuidad del servicio a pacientes con cáncer. El acuerdo contempla un plan de pagos por 52.000 millones de pesos entre mayo y julio, además de una póliza de respaldo. No obstante, la cartera total del Instituto supera los 146.000 millones de pesos, evidenciando la magnitud de la crisis.

Según cifras divulgadas por el representante Andrés Forero, la deuda creció aceleradamente: pasó de poco más de 36.000 millones en 2024 a más de 136.000 millones en febrero de 2026.

La situación no se limita a la capital. En regiones como Antioquia, al menos 37 hospitales públicos han restringido o pausado servicios, mientras que en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó se reporta una sobreocupación del 340 % y problemas de infraestructura. Asimismo, en la Clínica Juan N. Corpas, 573 trabajadores completan cuatro meses sin recibir salario.

Desde el sector, las alertas son claras. Álvaro Puerto Valencia, vocero de los Centros Expertos en Programas Especiales (CEXPES), explicó que incluso los interventores de EPS bajo control estatal —que administran más de 23 millones de afiliados— han reconocido que los giros mensuales no cubren el total de la facturación presentada por las IPS.

La Contraloría General de la República ha calificado esta situación como una “asfixia financiera” de la red hospitalaria, tras documentar un incremento del 30 % en la cartera en apenas nueve meses entre 2024 y septiembre de 2025.

Frente a estos hechos, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, evitó profundizar en las causas del problema cuando fue consultado por medios de comunicación, limitándose a responder: “que tengan un buen día”. La reacción generó críticas, especialmente ante el impacto directo que esta crisis tiene sobre los pacientes.

“Los que no tienen un buen día son los pacientes, ministro”, le reclamaron periodistas, sin obtener respuesta adicional.

Ante este panorama, diversos actores del sector han comenzado a plantear salidas. Más de 30 organizaciones construyeron una hoja de ruta conjunta en el documento Consensos para el Futuro del Sector Salud, que será presentado a candidatos presidenciales.

Según Puerto Valencia, una de las principales urgencias es la inyección inmediata de recursos al sistema. “El giro directo por sí solo no resuelve el problema si las EPS no cuentan con los recursos suficientes”, advirtió. También insistió en la necesidad de reglas claras para priorizar pagos, especialmente en las EPS intervenidas, donde actualmente se concentra más del 60 % de los afiliados.

El vocero enfatizó además la importancia de proteger tratamientos de alta complejidad como oncología, VIH y trasplantes, donde cualquier retraso puede ser determinante: “en estas patologías, el tiempo es vida”.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también se pronunció. Su presidente, Iván Mauricio Lenis, advirtió que la acción de tutela no puede volver a convertirse en el mecanismo habitual para acceder a servicios de salud.

“Los jueces están respondiendo, pero no deberíamos volver al pasado en el que para acceder a un servicio se requería una tutela”, afirmó, al tiempo que pidió separar la coyuntura sanitaria del debate político.

Mientras tanto, la crisis sigue escalando y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, así como la atención de millones de colombianos que dependen de él.

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