Más que una elección, una discusión sobre el rumbo del país
La campaña presidencial que comienza a perfilarse para 2026 ha dejado en evidencia dos visiones distintas de Colombia.
Por una parte, sectores que respaldan la continuidad de las políticas sociales impulsadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro consideran que el país ha avanzado en la ampliación de derechos laborales, la protección social, la educación pública, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la dignificación de sectores históricamente olvidados.
Por otra, algunos candidatos plantean reformas profundas al modelo económico, educativo y de seguridad vigente, lo que ha abierto un intenso debate sobre las consecuencias que esas propuestas podrían tener para el futuro institucional del país.
1. La dignificación de soldados, policías, guardianes del INPEC y reservistas
Durante décadas, los soldados regulares, auxiliares y jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio fueron los grandes olvidados del Estado colombiano. La mayoría provenían de hogares campesinos, obreros y familias de escasos recursos económicos.
Muchos recibían bonificaciones mínimas y enfrentaban dificultades económicas mientras arriesgaban su vida en medio del conflicto armado.
Durante el gobierno de Gustavo Petro se impulsaron mejoras salariales y de bienestar para soldados, auxiliares y miembros de la Fuerza Pública. El Gobierno anunció que los soldados regulares pasarían a recibir un salario mínimo mensual, una medida sin precedentes en la historia reciente del país. También se fortalecieron beneficios sociales, acceso a salud, educación, programas educativos y apoyos económicos para quienes culminan su servicio.
También se impulsaron mejoras salariales para integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el INPEC, además de programas de acceso a educación superior y capacitación laboral.
Paradójicamente, fue un gobierno progresista el que impulsó algunas de las medidas más importantes de dignificación para quienes integran la Fuerza Pública.
La pregunta que surge es si el próximo gobierno profundizará esas conquistas o las reemplazará por una visión distinta de la seguridad.
2. La recuperación del salario y del poder adquisitivo
Uno de los aspectos más visibles de la administración Petro ha sido la política de fortalecimiento del ingreso de los trabajadores.
El salario mínimo registró incrementos consecutivos por encima de la inflación.
Para millones de trabajadores esto significó una recuperación parcial del poder adquisitivo perdido durante años.
Para 2026 el salario mínimo fue fijado en $1.750.905.oo, acompañado por un incremento del auxilio de transporte hasta los $249.095.oo, sumando un ingreso de $2.000.000.oo.
Los aumentos no solamente beneficiaron a quienes devengan un salario mínimo, sino también a pensionados, trabajadores informales, contratistas y sectores económicos cuyos ingresos se encuentran indexados al salario mínimo legal vigente.
En un contexto de inflación mundial, estos incrementos permitieron proteger parcialmente el ingreso de los hogares más vulnerables. Los defensores de esta política sostienen que estos aumentos permitieron recuperar poder adquisitivo para millones de hogares trabajadores y dinamizar el consumo interno. Sus críticos advierten riesgos inflacionarios, pero lo cierto es que el debate puso nuevamente en el centro la discusión sobre el salario digno.
Alivios económicos para millones de propietarios de vehículos
Las políticas sociales no solamente se reflejan en subsidios o programas estatales. También se manifiestan cuando el Estado adopta medidas para aliviar los gastos que afectan directamente el presupuesto de las familias.
Un ejemplo de ello fue la reducción de las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para el año 2025.
La medida permitió una disminución cercana al 8,68 % para la gran mayoría de automotores particulares
3. La recuperación de derechos laborales que habían sido eliminados
Uno de los cambios más importantes impulsados por el actual gobierno fue la recuperación progresiva de derechos laborales que durante años fueron recortados.
La Ley 2466 de 2025 estableció la recuperación gradual de los recargos dominicales y festivos para los trabajadores colombianos.
Durante años millones de trabajadores vieron disminuidos sus ingresos por reformas que redujeron el valor de los recargos y ampliaron las jornadas laborales sin una compensación adecuada.
La nueva legislación contempla:
• Incremento progresivo de los recargos dominicales y festivos hasta alcanzar nuevamente el 100%.
• Recargos superiores para quienes trabajan en días de descanso obligatorio.
• Recuperación de derechos relacionados con el trabajo nocturno.
• Fortalecimiento de garantías laborales para millones de trabajadores formales.
Estas medidas representan una reivindicación histórica para empleados del comercio, vigilancia, transporte, salud, industria, restaurantes, hoteles y otros sectores que laboran mientras la mayoría descansa.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial
Por primera vez en décadas Colombia avanza hacia una reducción gradual de la jornada laboral semanal.
La jornada máxima pasó progresivamente de 48 horas semanales a 42 horas semanales.
Esto significa más tiempo para la familia, para la educación, para el descanso y para la calidad de vida de millones de trabajadores.
Además, al disminuir la jornada ordinaria, aumenta el valor de la hora laboral, lo que repercute directamente en el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos.
Se trata de una transformación laboral que acerca a Colombia a estándares internacionales sobre trabajo digno y productividad.
4. La protección de los adultos mayores y pensionados
Uno de los avances más valorados por amplios sectores de pensionados fue el reconocimiento de la mesada 14 para docentes y miembros de la Fuerza Pública que conservaban este derecho.
Para miles de familias esto representó una mejora importante en sus ingresos y en sus condiciones de vida.
Actualmente también cursan iniciativas legislativas orientadas a ampliar beneficios para pensionados del sistema público administrado por Colpensiones y la UGPP.
La discusión sobre la extensión de estos beneficios refleja un debate nacional sobre la necesidad de garantizar una vejez digna para quienes trabajaron durante décadas aportando al desarrollo del país.
Durante décadas millones de colombianos trabajaron toda su vida sin lograr completar las semanas necesarias para acceder a una pensión.
La reforma pensional impulsó la creación de mecanismos de protección para adultos mayores que históricamente habían quedado excluidos del sistema.
Igualmente se fortalecieron programas como Colombia Mayor, ampliando la cobertura y aumentando los recursos dirigidos a los sectores más vulnerables en situación de pobreza de $80.000 papos a $230.000.
Por primera vez se planteó una política pública con el objetivo de garantizar un ingreso básico a quienes envejecieron sin protección estatal.
5. Educación pública, alimentación escolar y oportunidades para los jóvenes
Uno de los aspectos más destacados por los defensores de la continuidad de las políticas sociales es el fortalecimiento de la educación pública. El gobierno impulsó medidas para ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación técnica y tecnológica.
Entre las propuestas debatidas se encuentra la ampliación de la cobertura alimentaria para niños y niñas durante los periodos de vacaciones escolares, bajo el argumento de que la nutrición infantil no puede depender exclusivamente del calendario académico.
Para numerosos sectores sociales, la alimentación escolar constituye una herramienta fundamental para combatir la deserción escolar, la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Para miles de jóvenes de sectores populares, estas medidas representan una oportunidad real de movilidad social y acceso al mercado laboral.
La reforma laboral reconoció mayores garantías económicas para los aprendices, incluyendo aportes a seguridad social y mejores condiciones de formación.
Al mismo tiempo, programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor fortalecieron la protección de millones de hogares vulnerables.
En este mismo contexto, han generado controversia algunas declaraciones relacionadas con la posibilidad de eliminar o debilitar organizaciones sindicales del magisterio como FECODE.
Los defensores de la educación pública consideran que cualquier reforma educativa debe realizarse mediante el diálogo con maestros, padres de familia, estudiantes y organizaciones representativas del sector.
La reducción de la pobreza y la ampliación de oportunidades educativas continúan siendo algunos de los principales argumentos de quienes consideran que estas políticas deben tener continuidad en los próximos años.
6. La dignificación de los médicos internos y trabajadores de la salud
Uno de los avances menos visibilizados del actual gobierno fue el reconocimiento económico a cerca de 8.000 médicos internos en todo el país.
Durante décadas, miles de estudiantes de medicina realizaron jornadas extenuantes en hospitales y clínicas sin recibir una remuneración acorde con la responsabilidad que asumían.
Por primera vez en la historia reciente de Colombia, los médicos internos comenzaron a recibir un reconocimiento económico equivalente a un Salario Mínimo Vital que supera los dos millones de pesos mensuales, incluyendo aportes a seguridad social integral.
La medida contempla:
• Pago directo a través de la ADRES.
• Cobertura integral en salud y seguridad social.
• Eliminación de intermediarios financieros.
• Mayor transparencia y trazabilidad de los recursos públicos.
• Reconocimiento económico obligatorio durante el año de internado rotatorio.
Esta política constituye un cambio profundo en la formación médica colombiana, pues reconoce que quienes contribuyen a salvar vidas y sostener los servicios hospitalarios también merecen condiciones dignas.
A ello se suma el fortalecimiento de los Equipos Territoriales de Salud, mediante los cuales miles de profesionales han llegado a regiones apartadas del país, acercando los servicios médicos a comunidades históricamente excluidas y generando empleo formal en el sector salud.
La dignificación de los médicos internos, junto con la ampliación de programas de educación pública, constituye uno de los ejemplos más concretos de cómo las políticas sociales pueden traducirse en oportunidades reales para las nuevas generaciones.
7. Reforma agraria, inclusión social y reducción de la pobreza
La entrega de tierras a campesinos, el fortalecimiento de programas sociales y el apoyo a poblaciones históricamente excluidas se convirtieron en ejes centrales del Gobierno.
Programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor ampliaron la cobertura de ayudas para millones de hogares vulnerables.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha defendido una visión según la cual el crecimiento económico debe ir acompañado de justicia social, inclusión y reducción de las brechas históricas que afectan a las regiones más pobres del país.
8. El debate sobre la dolarización y la Constitución de 1991
Uno de los puntos más controvertidos de la discusión presidencial tiene relación con la propuesta de sustituir el peso colombiano por el dólar estadounidense.
Diversos analistas han señalado que una medida de esa naturaleza tendría profundas implicaciones constitucionales e institucionales.
El artículo 371 de la Constitución Política establece que el Banco de la República es la autoridad monetaria del país y tiene entre sus funciones regular la moneda, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales y ejercer las funciones de banca central.
La Constitución también otorga al Banco de la República autonomía administrativa, patrimonial y técnica, principio que ha sido reiterado por la Corte Constitucional en múltiples decisiones.
Por esta razón, diversos juristas sostienen que una eventual dolarización requeriría modificaciones profundas al marco constitucional y legal vigente, pues implicaría alterar funciones esenciales atribuidas constitucionalmente al Banco de la República.
Desde esa perspectiva, los críticos de la propuesta consideran que la dolarización supondría una transformación estructural del modelo económico diseñado por la Constitución de 1991.
El debate sobre el lenguaje ofensivo y degradantes para las mujeres
La campaña también ha estado acompañada de controversias relacionadas con declaraciones públicas que algunos sectores han considerado ofensivas o degradantes para las mujeres en el caso particular de Abelardo de la Espriella.
En medio de esas polémicas se han producido decisiones judiciales y acciones constitucionales que han reabierto la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión, el respeto por la dignidad humana y la responsabilidad que tienen quienes aspiran a ocupar los más altos cargos del Estado.
Más allá de las posiciones políticas, el debate invita a reflexionar sobre la calidad del discurso público y el ejemplo que se transmite a las nuevas generaciones.
Dos modelos de país
La discusión de fondo no gira únicamente alrededor de nombres o partidos políticos.
La pregunta central es si Colombia debe continuar profundizando reformas sociales relacionadas con educación, salud, pensiones, derechos laborales, apoyo a campesinos, protección a los adultos mayores y fortalecimiento de la Fuerza Pública, o si debe emprender un cambio de rumbo hacia un modelo económico y político diferente.
Los sectores que respaldan a Iván Cepeda consideran que representa la continuidad de buena parte de esas transformaciones sociales.
Sus contradictores defienden una agenda distinta basada en reformas estructurales de carácter económico, institucional y de seguridad.
La decisión final corresponderá a los ciudadanos.
Y quizás, en medio de la polarización, convenga recordar las palabras del sacerdote jesuita Francisco de Roux:
"No rebajes tu grandeza moral. No se vence al abismo moral pareciéndose a él".
Una reflexión que invita a debatir con firmeza, pero sin renunciar al respeto, la verdad y los principios democráticos que sostienen la convivencia nacional.
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