Por primera vez en el caso de la UNGRD, dos congresistas en ejercicio son privados de la libertad por su presunta participación en una red criminal que desvió recursos públicos con fines políticos. La decisión sacude las entrañas del poder legislativo y anticipa más capturas en el Congreso.
La Corte les imputó los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación, cuyas penas oscilan entre los 3 y 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta y el monto del daño. Ambos permanecerán privados de la libertad en centros especiales, como ya ocurre con otros capturados en el caso: Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, su subalterno, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.
Un expediente demoledor
Aunque se trata de un mismo entramado de corrupción, la Corte profirió decisiones separadas para cada uno, basadas en testimonios clave y abundante material documental que compromete directamente a los exjefes del Legislativo. Las declaraciones de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz fueron determinantes para que el alto tribunal impusiera la medida de aseguramiento.
La confesión de Ortiz, inicialmente renuente a colaborar, cambió tras ser vinculada formalmente al proceso. Según su versión, recibía órdenes directas del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, para distribuir sobornos entre congresistas aliados. Entre ellos estaban Name y Calle, quienes presuntamente recibieron dineros a cambio de asegurar la aprobación de proyectos clave del Gobierno Nacional.
Ortiz, según la Corte, actuó como “intermediaria política” entre el DAPRE y el Congreso, y habría entregado personalmente parte del dinero a Iván Name. El senador del Partido Verde —hoy detenido— habría recibido $3.000 millones, entregados en dos pagos de $1.500 millones cada uno, en efectivo y en bolsas negras. Según la Fiscalía, dichos recursos podrían haber sido destinados a financiar la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name, hija del hoy capturado congresista.
En cuanto a Andrés Calle, representante cordobés del Pacto Histórico, el expediente señala que habría recibido $1.000 millones en su residencia en Montería. La entrega fue orquestada por Sneyder Pinilla, por instrucción de Olmedo López y bajo la supervisión de Carlos Ramón González. Para evitar rastreos, el traslado del dinero desde Bogotá se habría realizado parcialmente a través de criptomonedas.
El inicio de una ola de capturas
Con esta decisión, la Corte abre un nuevo capítulo en el escándalo de la UNGRD y pone la lupa sobre otros siete congresistas cuyos nombres figuran en los testimonios. Se trata de Juan Pablo Gallo Maya (Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Karen Manrique Olarte (curules de paz), Liliana Bitar Castilla (Conservador), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U) y Julián Peinado Ramírez (Liberal).
Aunque por ahora no hay órdenes de captura en su contra, la contundencia de los testimonios anticipa posibles decisiones similares. El precedente de Name y Calle marca el camino.
¿Y los altos funcionarios del Gobierno?
Mientras tanto, el destino de varios exfuncionarios del alto gobierno sigue en el limbo judicial. Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y pieza clave en el direccionamiento de recursos, se encuentra en España desde hace varias semanas, sin planes inmediatos de regresar al país. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el de Interior, Luis Fernando Velasco, también señalados en los testimonios, han optado por el silencio.
Ambos han sido mencionados como presuntos articuladores de una red que habría desviado contratos de la UNGRD, destinados a atender emergencias, para alimentar una maquinaria clientelista.
Un Congreso bajo asedio
El impacto político de esta decisión es profundo. Nunca antes dos expresidentes del Congreso en ejercicio habían sido detenidos por corrupción. El escándalo erosiona la credibilidad institucional y amenaza con agudizar la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.
Mientras los procesos judiciales avanzan, crece la presión sobre el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano. La pregunta que muchos se hacen es si el caso Name-Calle será el principio del fin para una red de corrupción que compromete a congresistas, altos funcionarios del Ejecutivo y hasta campañas políticas.
¿Caerán más piezas del dominó en los próximos días? Todo parece indicar que sí.
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