Bogotá, 22 de agosto de 2025. La Sección Tercera del Consejo de Estado decretó medidas cautelares y suspendió de manera provisional la Directiva Presidencial 11 de 2024, mediante la cual el Gobierno Nacional había instruido a las entidades del orden central a destinar el 33% de su presupuesto publicitario a medios alternativos, comunitarios e, incluso, como se cuestionó en la demanda, a creadores de contenido o influenciadores digitales afines al Ejecutivo.
El alto tribunal consideró que la directiva podría vulnerar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en especial los principios de igualdad, libre competencia y publicidad, acogiendo de manera parcial los argumentos de la Fundación para el Estado de Derecho, demandante en este caso.
“La directiva enjuiciada limita esa libertad de los distintos medios de comunicación, dado que prefiere a unos sobre otros, lo que en la práctica, no es otra cosa que un quebrantamiento de la igualdad de condiciones en el mercado público de los contratos estatales”, señaló en su decisión el consejero ponente Alberto Montaña Plata.
El Consejo de Estado también advirtió una contradicción en el texto de la directiva, en tanto allí se establecía que sus lineamientos se aplicarían “sin perjuicio de la observancia del Estatuto de Contratación Pública”, cuando en realidad lo que promovía era un trato preferencial hacia determinados actores del ecosistema comunicativo, en detrimento de otros.
Con esta decisión, la aplicación de la directiva queda suspendida mientras el alto tribunal adelanta el estudio de fondo sobre su legalidad.
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