Colombia se alista para un nuevo ciclo electoral en el que se definirán el próximo presidente de la República y el nuevo Congreso. Sin embargo, lejos de encabezar la agenda pública las propuestas de los candidatos, el país está marcado por un deterioro creciente de la seguridad y un aumento de las amenazas y agresiones contra líderes sociales, mujeres y actores políticos. Un escenario que, según entidades como la ONU, la Misión de Observación Electoral (MOE) e Indepaz, adquiere un carácter “mucho más letal”.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, advirtió que aunque algunos indicadores muestran leves reducciones en ciertos comportamientos violentos, el impacto real de los hechos reportados se ha vuelto más grave. “Los amedrentamientos disminuyeron un 24%, pero las acciones armadas aumentan un 30%. Ya no te estoy amenazando: te estoy matando. Es un nivel de violencia más letal”, señaló.
Atentados recientes agravan el clima político
En los últimos días, el país ha presenciado acciones armadas que ponen en evidencia el deterioro de la seguridad en plena época preelectoral. El atentado contra el senador de Cambio Radical y exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega, ocurrido el 14 de noviembre en la entrada a Popayán, encendió nuevamente las alarmas. Ortega relató que fue perseguido durante 15 minutos por dos vehículos ocupados por siete u ocho hombres armados que dispararon al menos seis veces contra su camioneta blindada.
Este ataque se suma al sufrido por el gobernador de Arauca, Renson Martínez, quien salió ileso tras ser emboscado en la vía entre Fortul y Tame. Su vehículo recibió entre 10 y 13 impactos de fusil, en un atentado atribuido al ELN.
La indignación también se reavivó al recordar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá, perpetrado por una organización criminal presuntamente asociada a las disidencias de la Segunda Marquetalia, según avances de la Fiscalía. Pese a la gravedad del caso, los procesos judiciales avanzan con lentitud, lo que refuerza la percepción de impunidad, especialmente en zonas rurales donde los líderes sociales y defensores de derechos humanos enfrentan mayores riesgos.
La violencia electoral no cede
Entre 2022 y el 6 de noviembre de 2025, Colombia registra 709 homicidios asociados al conflicto y a agresiones contra liderazgos y actores políticos. Las proyecciones indican que el año podría cerrar con un incremento frente a periodos anteriores.
Expertos coinciden en que los años electorales siempre coinciden con nuevas olas de amenazas y asesinatos, impulsadas por disputas entre grupos armados ilegales que buscan expandir su control territorial y económico ante la ausencia del Estado.
Según la MOE, siete departamentos concentran el 67,69% de las acciones violentas del país: Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y la subregión del Catatumbo. Solo Cauca registró 392 hechos violentos, entre ellos 338 acciones armadas y 54 casos de amedrentamiento, lo que representa un aumento del 7,10% frente al año anterior.
Más del 50% de las agresiones contra líderes sociales tuvieron lugar en zonas rurales y comunales, controladas por el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales.
Las CITREP, aún bajo fuego pese al Acuerdo de Paz
Paradójicamente, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas tras el Acuerdo de La Habana para fortalecer la participación política de las regiones más golpeadas por el conflicto, siguen siendo epicentros de violencia. En estas circunscripciones, la MOE reportó agresiones en 53 municipios pertenecientes a 15 circunscripciones: 91 de las 291 agresiones registradas en 2025 ocurrieron allí, es decir, el 31,27% del total nacional.
El recrudecimiento del conflicto limita el ejercicio democrático. “Cuando esto sucede, los ciudadanos sienten miedo de salir a votar por temor a ser declarados objetivo militar, y los candidatos se abstienen de hacer campaña”, explicó Barrios.
Violencia política contra las mujeres: una deuda que persiste
La violencia contra las mujeres en política sigue siendo alarmante. Un informe de la Registraduría, la Embajada de Suecia, la Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres reveló que el 78,8% de las candidatas en las elecciones territoriales de 2023 sufrió algún tipo de violencia.
El 61,3% reconoció haber experimentado agresiones durante sus campañas:
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72,4% sufrió violencia psicológica.
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40,6% fue víctima de violencia económica.
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25,4% recibió agresiones de índole sexual, desde comentarios hasta solicitudes de favores sexuales a cambio de apoyo político.
“Sigue habiendo enormes barreras para la participación política de las mujeres, especialmente en zonas donde la violencia no cesa. Es una deuda histórica con ellas”, señaló la misión de la ONU en Colombia.
Un futuro político en riesgo
Colombia entra en un momento crucial para su futuro institucional, pero lo hace bajo un ambiente sombrío: candidatos intimidados, líderes sociales asesinados y comunidades enteras atrapadas entre el miedo y el silencio. De nuevo, las garantías de seguridad para ejercer derechos políticos están en entredicho.
La responsabilidad del orden público recae plenamente en el Gobierno Nacional, que enfrenta el desafío urgente de ofrecer respuestas concretas en un país donde la violencia amenaza con eclipsar la contienda electoral más importante de la próxima década.
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